Ciudad de México.- El Gobierno impedirá por ahora que la Suprema Corte de Justicia conceda los dos primeros amparos contra la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), diseñada para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas.
La Secretaria de Energía (Sener) promovió ayer el impedimento de los Ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar para votar en los amparos en revisión 106/2023 y 164/2023, listados para sesión de hoy de la Segunda Sala, cuyos proyectos declaran inconstitucionales los siete artículos fundamentales de la reforma a la LIE.
Promover a última hora el impedimento de un juez es una de las tácticas dilatorias más usadas por los abogados en México, cuando saben que es inminente una sentencia en su contra, ya que obliga al tribunal a detener la resolución mientras se aclara la posible recusación.
Se prevé que Aguilar y Pérez Dayán, junto con su colega Javier Laynez, concederán los amparos, con voto en contra de Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, pero el impedimento obligará a aplazar el tema probablemente durante varias semanas.
Lo anterior, porque se requieren al menos cuatro Ministros y Ministras para que la Sala pueda sesionar y votar sobre los impedimentos. Eso obligará a llamar a un integrante de la Primera Sala para que complete el quórum legal, ya que Aguilar y Pérez Dayán no pueden participar.
Además, podría darse un empate a dos al resolver sobre la existencia o no del impedimento, lo que atrasaría aún mas el asunto, al forzar que se llame a otro miembro de la Primera Sala para romper el empate.
Fuentes judiciales informaron que el argumento de la Sener es la relación de Pérez Dayán y Aguilar con Hugo Arriaga Becerra, quien es abogado en uno de los más de 200 amparos que las empresas privadas promovieron contra la reforma, aunque no en los que se revisarían mañana.
La relación existe porque Pérez Dayán es vocal del Consejo Directivo del Instituto Mexicano del Amparo (IMP), que preside Arriaga. El IMP fue fundado por Ignacio Burgoa Orihuela, y el Ministro Aguilar es miembro honorario.
Es previsible que, al rendir sus informes sobre el impedimento, ambos Ministros negarán que exista alguna razón para abstenerse de votar estos amparos, que no anularían la reforma, pero que la harán inoperante al proteger a la mayoría de las empresas privadas contra su aplicación.
Tan sólo los dos proyectos listados para hoy benefician a 17 empresas privadas de generación, sobre todo eólica y solar.
Los proyectos amparan, entre otros, contra el artículo 26 de la LIE, el más cuestionado por el sector privado, pues ordena dar preferencia al despacho de energía generada por centrales de la CFE o privadas que trabajan en exclusiva para ella.
“El fortalecimiento de CFE no puede entenderse como la posibilidad de hacerla preponderante en un área en la que, por mandato Constitucional, debe competir”, dicen los proyectos.
Cabe recordar que, en abril de 2022, el Pleno de la Corte discutió una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma, pero en todos los temas relevantes sólo hubo seis o siete votos por invalidar, por lo que no hubo pronunciamiento alguno del tribunal, ya que se requerían ocho votos. Los amparos no requieren mayoría calificada para ser concedidos.