El pleno de la 60 Legislatura del Estado de México, aprobó por unanimidad el punto de acuerdo de la diputada Iveth Bernal Casique (PRI), para exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal (Sedatu), para que dé seguimiento a las solicitudes de los núcleos agrarios mexiquenses, que han cumplido con los requisitos para incorporarse al programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (Rraja).

En tribuna, la legisladora destacó la importancia de promover que los comuneros y ejidatarios mexiquenses, adquieran certeza jurídica en la tenencia de sus tierras, enfatizó que ello les permitirá “regularizar y proteger los derechos de propiedad, evitar conflictos, facilitar el acceso a programas de apoyo y fuentes de financiamiento que contribuyan a mejorar su calidad de vida y la de sus familias”.

Además señaló que los propietarios, enfrentan conflictos agrarios que los limitan a ejercer pleno dominio de sus parcelas, como son los relacionados a la posesión parcelaria, los límites, el aprovechamiento, acceso y conservación de tierras de uso común, la asignación de derechos y la certificación de tierras comunales o ejidales.

“Se trata de problemáticas que se requieren atender con urgencia; sobre todo, si tomamos en consideración que en muchas ocasiones se acentúan cuando existen recursos naturales en disputa” puntualizó.

Expuso que los ejidos y comunidades agrarias no han recibido la atención esperada, que la mayoría de los ejidatarios y comuneros se ubican entre la población más vulnerable y con menores ingresos.

Al respecto, mencionó como ejemplo el caso del ejido Piedra Grande, ubicado en el municipio de Luvianos, que en el año 2019 solicitó su incorporación al programa Rraja, con la finalidad de fraccionar el ejido en parcelas individuales y adquirir los documentos que definen de manera precisa lo que le pertenece a cada ejidatario; sin embargo no han obtenido respuesta a dicha solicitud.

Bernal Casique, dio a conocer que de las 2.25 millones de hectáreas que componen el territorio estatal, casi 1.1 millones corresponden a la propiedad social, la cual se distribuye en mil 235 ejidos y comunidades, ubicando a la entidad en el décimo primer lugar a nivel nacional por número de núcleos agrarios.