Diputados locales aprobaron reformas al código penal local para establecer sanciones para quienes desobedezcan las medidas de seguridad sanitaria al no respetar los periodos de aislamiento obligatorio por cuarentena o padecer alguna enfermedad transmisible, además de ligar el tema de la pandemia por Covid-19 para aumentar penas a la negativa de testigos a declarar y para quien quebrante la prohibición de residir en una circunscripción territorial determinada.
Diputados de Morena, consideraron que se establecieron medidas que no tienen relación con la pandemia, mientras que la diputada por el Partido Encuentro Social (PES), Elsa Méndez, consideró que algunas de las medidas son violatorias a los derechos humanos y que se establecieron sanciones que transciende la temporalidad de la pandemia, además que los diputados asumieron la responsabilidad al reformar una ley para evitar que el Ejecutivo estatal hiciera uso de facultades administrativas y no afectara su popularidad.PUBLICIDAD
En sesión de pleno reformaron en total 21 artículos del código penal local para endurecer las sanciones por posibles violaciones derivadas de la pandemia, entre las que se destacan penas de cinco años de prisión y multas de hasta 43 mil pesos para quienes desobedezcan las medidas de seguridad sanitaria y para quien no respete el periodo de aislamiento obligatorio impuesto por estar en cuarentena o padecer una enfermedad transmisible con penas de cuatro a seis años de prisión.
Tras dos meses de no sesionar en el pleno, este jueves los diputados regresaron al recinto legislativo con cubrebocas y constante sanitización del espacio físico para establecer que la pena de prisión de tres meses a un año para quienes incurran en desobediencia al mandato de la autoridad pase de tres a cinco años, y la multa pase de 20 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, hasta 43 mil 440 pesos. Si la desobediencia es en medidas de seguridad sanitaria o de protección civil, será la misma sanción.
También establecieron penas de tres a seis años de prisión y de tres a seis meses de trabajo comunitario, así como medidas de confinamiento para quienes a pesar de saber que padece una enfermedad grave infecciosa, ponga en peligro de contagio a otras personas por cualquier medio de transmisión. La pena será aumentada hasta la mitad cuando sea en agravio de personas mayores de 60 años; en un menor o persona con discapacidad.
También agregaron al artículo 170 relacionado con los delitos por discriminación, que cuando esa falta sea contra el personal de servicios de salud tanto públicos o privados, así como de seguridad o protección civil, la pena se incrementará hasta en una mitad más y se perseguirá de oficio durante una emergencia sanitaria.
En el apartado de apología del delito, fue integrado sanciones de tres a seis años de prisión y de 500 a mil días de multa al que utilice cualquier medio para convocar, organizar, promover o difundir saqueos, daños, robos o cualquier acto violento en contra de cualquier tipo de tienda comercial, cuyas penas se incrementarán cuando exista daños a los bienes.
La diputada Paloma Arce Islas de Morena, propuso reservar los artículos 287, 288 y 289 por no tener relación con la pandemia, pues el primero se refiere a aumentar las penas de tres meses a tres años prisión, y una multa de 20 a 500 UMA para quienes se nieguen a declarar ante la autoridad. El segundo aumenta las penas para el que se oponga o resista al mandato de la autoridad y el tercero, de tres a cinco años de prisión para quien impida la ejecución de una obra o trabajos públicos. La reserva fue rechazada con 15 votos.
La diputada por el PES, Elsa Méndez Álvarez consideró que las reformas que promovieron sus homólogos del PAN contenían medidas arbitrarias y violatorias a los derechos humanos del libre tránsito, asociación y expresión de ideas de los ciudadanos que iban más allá de proteger al personal del sector de salud ante la pandemia.PUBLICIDAD
“Me sorprende ver como los legisladores de Acción Nacional sumisamente aceptaron convertirse en aquello que critican diariamente del gobierno federal, cuando buscan atribuirle un carácter arbitrario y autoritario, mientras en Querétaro ellos hacen exactamente lo mismo”, expresó.
La legisladora cuestionó que las reformas aprobadas no contemplan con precisión qué autoridad es la que determinará que una persona no cumple con el aislamiento social por tener Covid-19, además que las medidas de sanción trascienden a la temporalidad de la pandemia, lo que representa que los ciudadanos quedarán sujetos en el futuro a los criterios de sanción ya aprobados.
También cuestionó que los diputados del PAN, aceptaran ser los emisarios de una decisión impulsada desde el gobierno estatal para que el gobernador, Francisco Domínguez Servién no disminuyera su popularidad al hacer uso de sus facultades administrativas durante la pandemia.