Gustavo Aquiles Villaseñor, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, le modificó la medida cautelar por su deteriorado estado de salud y con base en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que ordenaron al Estado mexicano eliminar de su legislación la prisión preventiva de oficio.
En una audiencia que se extendió de las 12:40 a las 16:00 horas, el juzgador estimó que habían cambiado las condiciones bajo las que le fue impuesta la medida cautelar original y, dado sus diagnósticos clínicos, no está acreditado el riesgo de que pueda darse a la fuga.
La Fiscalía General de la República (FGR) opinó lo mismo y, en forma inusual, no se opuso a los argumentos de la defensa, por ende, no hubo debate, informó el Consejo de la Judicatura Federal.
Como medidas cautelares sustitutas, el juzgador le impuso a Collado el uso de un brazalete electrónico, la entrega de su pasaporte y la presentación periódica, sin ninguna restricción de circulación en territorio nacional y sin pagar fianza.
Collado está internado desde hace más de tres meses en el Hospital Ángeles Pedregal y para que pueda circular libremente, primero deberá alquilar el brazalete electrónico y luego informarlo al Juez de Control para que programe la diligencia de colocación del dispositivo.
Todo esto podría ocurrir en cuestión de horas o días, dependiendo del tiempo que tarde su defensa en firmar el contrato con la empresa de brazaletes y reportarlo al juez Aquiles Villaseñor.
El abogado del ex Presidente Enrique Peña Nieto ofreció a través de su defensa un dictamen médico de 52 páginas para documentar los males que lo aquejan, desde los episodios de angina, hipertensión arterial sistémica y síndrome metabólico, hasta hiperglucemia, diabetes y una enfermedad coronaria trivascular.
Desde el 4 de junio pasado, el abogado de Peña Nieto fue excarcelado del Reclusorio Norte y trasladado a distintos hospitales, en los que ha permanecido y ha sido sujeto a cuatro intervenciones quirúrgicas, dos de ellas del corazón -una fue un cateterismo cardiaco-, una del esófago y otra de las cervicales.
El proceso por delincuencia organizada y lavado, en el que ahora decretaron su libertad, se encuentra desde hace tiempo en la antesala del juicio, debido a que la FGR ya presentó su acusación por escrito y en ella pidió imponerle una condena de 36 a 38 años y medio de cárcel.
Dicho proceso está relacionado con la compra venta del edificio sede de la empresa financiera Caja Libertad, en Querétaro, el 25 de marzo de 2015.
A Collado se le implicó en este asunto porque, cuando fue adquirido el inmueble, se pagaron 173 millones 222 mil 400 pesos, de los cuales la vendedora transfirió 24 millones al abogado, quien presidía la Sofom.
Dicha operación financiera hizo presumir a la Fiscalía General de la República que la compra del edificio fue una simulación, es decir, una autocompra.
Por este asunto, la FGR aprehendió a Juan Collado un restaurante de la Ciudad de México el 9 de julio de 2019, y desde entonces le iniciaron cuatro procesos, tres del orden federal y uno del fuero común.
Uno fue abierto por una supuesta defraudación fiscal de 36.7 millones de pesos, pero a principios de mes el juez Aquiles también le canceló en dicho proceso la prisión preventiva justificada y en su lugar le impuso el uso de brazalete electrónico, la entrega de su pasaporte y el pago de una fianza de un millón de pesos.
Collado también fue procesado por el delito de fraude, porque supuestamente hizo maniobras ilegales para que la FGR solicitara el desbloqueo de 76.5 millones de euros que tiene depositados en el Principado de Andorra. En este asunto, ya ganó un amparo cuya consecuencia fue que un juez resolviera no vincularlo a proceso y el fallo ya fue confirmado por un tribunal de alzada.
En Chihuahua también lo vincularon a proceso por un presunto peculado de 13.7 millones de pesos, sin embargo, Collado consiguió cancelar la prisión preventiva justificada y luego ganó el amparo en primera instancia contra el procesamiento.