Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador revivió su “Plan A” de reforma electoral, en la que busca que consejeros y magistrados electorales sean electos por los ciudadanos.
El cambio más significativo, en comparación con su propuesta de abril del 2022, es la conformación del Senado, pues en aquella ocasión planteó disminuir de 128 a 96 senadurías.
Ahora, propone que sólo sean 64 senadores de mayoría, desapareciendo la primera minoría y las plurinominales.
“El Senado de la República se integrará por 64 senadoras y senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa”, indica.
En la Cámara de Diputados desaparece a los 200 plurinominales, para que únicamente se conforme de 300 legisladores electos por mayoría.
El Plan A del Presidente Andrés Manuel López Obrador no alcanzó los votos requeridos, por lo que tuvo que ser “descafeinado” y sustituida por un Plan B, que tampoco reunió el apoyo necesario.
El Primer Mandatario insiste en transformar al INE para sustituirlo por Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el cual absorba las actividades de los 32 organismos electorales locales.
Se mantiene la intención de desaparecer sus juntas locales y distritales, para crear “autoridades auxiliares” que le ayuden en la organización y operación.
El mismo esquema propone para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que asumiría el trabajo de los 32 tribunales estatales, aunque deja las salas regionales.
Contrario al 2022, la propuesta presidencial reduce el número de perfiles que deberán dar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, antes eran 20 por cada uno, ahora serán 10. En el Congreso la lista será por el voto de una mayoría calificada, cinco por cada Cámara, y en la Suprema Corte por seis votos.
En la iniciativa se detalla cómo sería la elección del Consejo General del INEC, que lo reduce de 11 consejeros a siete, y de la Sala Superior del Tribunal, que se mantiene con siete miembros. Estarán en el cargo seis años.
En ambos casos, incluso para la elección de ministros, su campaña sería de 70 días, sin precampaña, y tendrían acceso a tiempos de radio y televisión del Estado.
Presidirá el Consejo del INE el que tenga más votos, y la Sala Superior el que decidan sus miembros.
Será la Cámara de Diputados, en el caso de consejeros, la que determine si los perfiles cumplen con los requisitos constitucionales, los cuales no cambian, y el Senado hará lo mismo con los magistrados.
En los transitorios se establece que la elección extraordinaria de consejeros y magistrados se realizará “en un plazo no mayor a un año contado a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto”. Mientras que el Congreso tendría que expedir las convocatorias 30 días después de su publicación en el DOF.
Ahora, en lugar de que el Tribunal Electoral declare la validez de la elección, lo hará la Suprema Corte de Justicia.
“Una vez efectuada la jornada de votación, el INEC realizará los cómputos de la elección y los comunicará a la Cámara que corresponda para que ésta realice y publique la suma: ésta la remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrá la facultad de resolver las impugnaciones, calificar el proceso y declarar sus resultados”, indica la propuesta.
Debido a que hace dos años se acusó al Presidente de la República de pretender apropiarse del Padrón Electoral, al suprimir esa facultad entre las del Instituto, pues sólo se indicaba que se haría cargo de la lista nominal.
Ahora sí se indica textualmente que será facultad del INEC: “La integración del padrón y la lista nominal de electores”.
Para el financiamiento de los partidos políticos se modifica la fórmula, a fin de que se reduzca a la mitad el dinero público que reciben. También se establecen topes de aportaciones de privados a partidos.
Además cambia la distribución de tiempos de radio y televisión, y los spots no serían de 30 segundos, sino de un minuto.
En el caso de consultas populares, podrá ser vinculatoria si participan al menos el 30 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, actualmente es el 40 por ciento.
También insiste en que las consultas deberán realizarse el mismo día de la elección ordinaria si existe, lo mismo que la revocación de mandato.
Se mantiene la intención de reducir el número de sindicaturas y regidurías, así como de diputados locales.
Se amplía el plazo para que el Congreso expida una ley única en materia electoral, al pasar de 90 días a 180 días.
… y ofrece INE diálogo
El INE ofreció apertura al diálogo y al debate público para discutir la reforma electoral propuesta por López Obrador, pero hasta después del 2 de junio.
El organismo electoral aclaró a los ciudadanos que dicha propuesta no incide o modifica la organización del proceso electoral, tanto federal como local.
En un comunicado, el cual se afirma es a nombre de sus consejeras y consejeros electorales, así como su estructura ejecutiva, el Instituto se dijo respetuoso de la propuesta presidencial.
“Las reglas actuales bajo las que se organizan los procesos electorales de 2024 han sido puestas a prueba en diversas elecciones con éxito, por lo que desde el INE enviamos un mensaje a la ciudadanía: las próximas elecciones contarán con altos estándares de calidad organizativa, transparencia y certeza en sus resultados.
“El INE está abierto al diálogo y al debate público que deben imperar en una democracia como la mexicana, por lo que pone a disposición de las y los legisladores, todos los insumos técnicos necesarios en la materia, en favor del fortalecimiento de la democracia”, abundó.
Argumentó que si bien existen “diversas áreas de oportunidad en la legislación electoral”, es necesario tener un diálogo público sobre ducha reforma, pero una vez concluidos los procesos electorales federal y locales.
“(Esto) permitiría el análisis del sistema electoral actual con insumos recientes y diagnósticos precisos que fortalecerían el proceso legislativo.
“El INE refrenda su compromiso con la organización de procesos electorales libres, equitativos y confiables, para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía y contribuir al desarrollo de la vida democrática de México”, añadió.
Mientras tanto, apuntó, los consejeros y su estructura en todo el País seguirá trabajando al servicio de la ciudadanía mexicana, concentrando todos sus esfuerzos institucionales en la organización de la elección del próximo 2 de junio.