Ciudad de México.- Una jueza federal desechó hoy, por improcedente, el amparo que su colega Crescencio Contreras Martínez promovió para impugnar la denuncia de juicio político en su contra, presentada por la Secretaría de Gobernación el pasado 30 de enero.
Elizabeth Trejo Galán, jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa, no publicó su fallo completo, pero fundó el desechamiento en normas que indican que el amparo solo procede contra actos de imposible reparación, y que las resoluciones y declaraciones del Congreso durante un juicio político son “inatacables”.
El gobierno denunció a Contreras, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, por resoluciones favorables a grupos criminales, entre ellas, la liberación del líder de Los Ciclones, brazo armado del Cártel del Golfo.
El juicio político, similar al impeachment estadounidense, solo puede resultar en la destitución e inhabilitación del funcionario, y en México nunca se ha concretado uno a nivel federal.
Contreras puede impugnar el desechamiento mediante queja ante un tribunal colegiado, que tomará de dos a tres meses para resolver.
Si bien desechó el amparo por este tema, la jueza Trejo sí lo admitió contra la exhibición de Contreras en las conferencias mañaneras y los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador en su contra.
Trejo concedió una suspensión provisional, y el 28 de febrero resolverá sobre la definitiva.
“En un simple asomo a los actos reclamados, se puede apreciar que, en apariencia de buen derecho, es posible que la sentencia que se dicte en el fondo declarará la inconstitucionalidad de los actos reclamados”, explicó la jueza, para justificar el otorgamiento de la suspensión.
El juzgado no publicó los efectos concretos de la suspensión, pero Contreras la solicitó para que “no se exhiba al quejoso en las mañaneras o en cualquier otro espacio informativo o comunicacional manejado o influenciado por las autoridades responsables, salvo que esto se realice de conformidad con los parámetros de objetividad, transparencia, objetividad y diligencia”.
El juzgado censuró el nombre de Contreras en su lista de notificaciones, pese a que se trata de un servidor público.
En 2003, la Suprema Corte de Justicia estableció que no procede el juicio político contra juzgadores por los criterios de sus sentencias, aunque ese caso se refirió a los Poderes Judiciales de los estados.
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados también quiere un juicio político contra Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia, por el voto de calidad con el que rompió un empate para conceder el primero amparo contra la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica.