Ciudad de México.- Las empresas de las Fuerzas Armadas aún no son autosuficientes, actualmente reciben miles de millones de pesos en subsidio, y aún así, el gobierno ya planea tomar parte de sus “utilidades” para el nuevo proyecto de pensiones.
Para poder financiar el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso echar mano del 25 por ciento de las utilidades de las empresas de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, estas compañías de participación estatal mayoritaria, no sólo no han registrado ganancias, sino que actualmente operan con cargo el Presupuesto.
Para este año, se han presupuestado subsidios de operación y salarios por más de 22 mil millones de pesos.
Para el Tren Maya se solicitó 5 mil 937 millones de pesos de subsidio, (adicionales a los 120 mil millones de pesos necesarios para seguir con las obras); y además la empresa que controlará 12 aeropuertos pidió 15 mil 172 millones.
El AIFA, que en marzo cumplirá dos años de operaciones, pero sigue sin ser autosuficiente, solicitó subsidios por mil 500 millones de pesos, 79 por ciento más que lo solicitado en 2023.
Además la nueva aerolínea de Mexicana de Aviación. En 2023 ya se le asignaron al menos 4 mil millones de pesos para contratar el arrendamiento de aviones y para este año tendrá subsidios por 119 millones de pesos.
De acuerdo con la propuesta de reforma de pensiones enviada a la Cámara de Diputados, detallada ayer en la mañanera, los recursos del denominado fondo semilla saldrán, inicialmente, de decomisos, venta de bienes, cobro de adeudos y subcuentas vencidas, hoy en manos de las Afores.
“La ley prevé recursos complementarios (.) 25 por ciento de las utilidades que generen las empresas paraestatales que están a cargo de Sedena y de Marina, donde aquí ya se establece el fin específico que serán las pensiones”, detalló la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, al presentar los detalles de la iniciativa que ya fue turnada a las comisiones en San Lázaro.
La lista de aportaciones complementarias al Fondo de Pensiones también contempla los fideicomisos del Poder Judicial, que tampoco podrían ser tocados hasta que se resuelvan los litigios que los mantienen congelados, tras su desaparición en el Congreso.
“Sabemos que, si bien, se aprobó una ley donde se tienen que regresar estos 15 mil millones (de los fideicomisos), hoy está impugnada y debe ser resuelta por la propia Suprema Corte; esperamos que una vez resuelto se puedan liberar estos recursos y que formen parte del Fondo para las pensiones”, dijo la secretaria de Gobernación.
La funcionaria señaló que otra fuente de financiamiento podrían ser los recursos que recuperarán con la extinción de órganos autónomos como el INAI, la Cofece, el IFT, una de las reformas que ha sido rechazada, por adelantado, por los legisladores de oposición.