Ciudad de México.– El Gobierno federal exhibió a jueces cuyos fallos, considera, han favorecido a Juan Collado, Emilio Lozoya, Uriel Carmona y hasta Vicente Carrillo Fuentes.
El Subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, incluyó el caso del juez Julio Veredín Sena Velázquez, juez séptimo de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México, quien el 7 de septiembre otorgó una suspensión provisional para evitar la extradición a Estados Unidos a favor de Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, ex líder del Cártel de Juárez y requerido por una corte federal del distrito Oeste en Texas, acusado de 46 cargos, entre ellos, lavado de dinero, actividad criminal, entre otros ilícitos.
tro caso fue el del juez Aníbal Castro Borbón, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del centro de justicia penal federal en Sonora, quien dictó sentencia absolutoria a favor de Isidro “N”, un generador de violencia en el Estado, quien se introdujo ilegalmente en una propiedad privada, desde la cual agredió con armas de fuego a elementos del Ejército.
Por otro lado, el Subsecretario acusó a Anastasio Romo Vargas, juez segundo de distrito de Tlaxcala, así como a los magistrados del tribunal de apelación del 28 circuito, por otorgar a cuatro implicados en el secuestro de un adulto y un menor de edad el beneficio de llevar su proceso en libertad.
Rodríguez Bucio apuntó contra Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el centro de justicia penal federal del Reclusorio Norte, por cesar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Juan Collado en su proceso por defraudación fiscal.
También incluyó a Gerardo Jenaro Alarcón López, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del centro de justicia penal federal del Reclusorio Norte, por ordenar la suspensión del procedimiento que se lleva acabo en contra de Emilio Lozoya por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al incluirlo en el acuerdo de reparación del daño causado a Pemex por parte de Alonso Ancira.
“Además de que este último (Ancira) no ha cumplido con la totalidad del pago reparatorio a la paraestatal. De esta manera, Emilio ‘N’ obtiene una ventaja indebida en su proceso. Además, el juez Alarcón López sustentó la suspensión del procedimiento indebidamente a favor de Emilio ‘N’ en una tesis aislada sobre delitos que son diferentes a los de este caso y en la cual no genera derechos, Al corresponder a un circuito judicial de Querétaro, que no es aplicable obligatoriamente a la Ciudad de México”, acusó.
Además, el General Rodríguez destacó la detención y vinculación a proceso de Uriel Carmona, Fiscal General de Morelos, por su probable responsabilidad en el delito de de obstrucción de la justicia durante la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda.
“De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, Uriel “N”, en su calidad de Fiscal General del Estado de Morelos, no aplicó el protocolo de actuación para delitos de feminicidio y declaró de manera anticipada que la muerte de Ariadna había sido ocasionada por una broncoaspiración por intoxicación alcohólica”, señaló.
Al respecto, el General apuntó contra magistrados que determinaron liberar al Fiscal.
“A raíz de ello, los magistrados, Elisa Macrina, Álvarez, Castro, Reynaldo, Manuel Reyes, Rosas y Carlos López Cruz, del 10º tribunal colegiado en materia penal del primer circuito en la ciudad de México el 1 de septiembre ordenaron su inmediata libertad bajo el argumento de no haberse respetado su fuero”.
En lo que va de su Administración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una actitud crítica contra el Poder Judicial, al que ha acusado de corrupto y de trabajar para la delincuencia organizada y los delincuentes de cuello blanco.
Sin embargo, las tensiones se exacerbaron tras la llegada de la Ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, en enero de este año.
El Mandatario ha utilizado sus conferencias matutinas para exhibir, a través del informe Cero Impunidad, a decenas de jueces, magistrados o ministros que han emitido fallos en contra de sus políticas públicas, proyectos, reformas o detenciones realizadas por la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.