Ciudad de México.- La justicia federal inició dos procesos penales por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Juan Bautista Rojas Fontes, ex gerente de control presupuestal en la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex.
El ex funcionario ya fue detenido por la presunta compra-venta simulada de azúcar por 142 millones de pesos y por el supuesto cobro de un “moche” de 4 millones de pesos, a través de la empresa “fachada” Film & Marketing 18k, controlada por René Federico Gavira Martínez, hijo de René Gavira, ex director de Administración y Finanzas en Segalmex y actualmente preso.
En ambos procesos, a Rojas Fontes le impusieron la prisión preventiva justificada, que cumple en el Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
En el primer proceso, se le imputa haber sido uno de los funcionarios que autorizaron los pagos de 142 millones de pesos a la empresa Servicios Integrales Carregín, por un contrato de 7 mil 840 toneladas de azúcar que presumiblemente nunca fueron entregados a Segalmex.
En el segundo, se le señala por un “moche” de 4 millones que habrían pagado a funcionarios de Diconsa por contratos de 200 millones de pesos.
Piden pena más alta en caso Segalmex
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió condenar a 55 años de prisión a Édgar Alejandro Armenta Peralta, señalado como supuesto prestanombres del recién fallecido empresario Alejandro Puente Córdoba, en uno de los procesos abiertos por el caso Segalmex.
Se trata de los contratos para deshidratar leche bronca, en los que Segalmex habría sido desfalcado con mil 687 millones de pesos por dos proveedoras que aparentemente cobraron sin entregar los productos procesados y no devolvieron la materia prima proporcionada por la entidad gubernamental.
Armenta fue detenido en abril del 2023 en la Ciudad de México y procesado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero; gracias a una nueva jurisprudencia que prohíbe la prisión preventiva de oficio -medida prevista para el primero de estos delitos-, en febrero pasado salió en libertad provisional del Penal del Altiplano.
En el escrito de acusación, presentado ante el juez de la causa, el fiscal federal Sergio Ortiz Tamayo pidió sentenciar a Armenta a 40 años de prisión por el delito de delincuencia organizada y 15 años por lavado de dinero, además de una multa de 17 mil 500 días de su salario.
Pidió también imponerle una amonestación y la suspensión de derechos civiles y políticos.
La Fiscalía ofreció 21 testimonios y 10 documentales para tratar de demostrar en el juicio la culpabilidad del supuesto testaferro de Alejandro Puente.
Esta es hasta ahora la pena más alta que ha sido solicitada contra alguno de los implicados en el Caso Segalmex, en buena medida porque el delito de delincuencia organizada es de alta penalidad y Armenta es de los pocos que han avanzado hasta las últimas etapas del proceso.
Hay otros imputados en el caso Segalmex contra los que la FGR ya presentó su acusación y pidió imponerles una condena, pero se trata de procesos distintos y por delitos de baja penalidad.
Uno de ellos es el caso de la presunta compra ilegal de títulos bursátiles con un valor de 700 millones de pesos, en el que la FGR pidió que René Gavira Segreste, hasta ahora el funcionario de más alto nivel imputado, sea sentenciado a 12 años de cárcel por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Estafa
A Armenta la FGR lo señala como testaferro de Alejandro Puente, ex director de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), con base en declaraciones de testigos colaboradores.
En el caso conocido como la “estafa lechera”, la acusación apunta hacia dos empresas que suscribieron contratos supuestamente fraudulentos con Segalmex, una es Grupo Vicente Suárez 73 y la otra Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac).
El organismo descentralizado les adjudicó convenios por 435 millones de pesos y les entregó leche bronca con un valor un total de mil 252 millones de pesos, para que la procesaran y entregaran leche en polvo y crema.
Sin embargo, según la Fiscalía, todo fue una simulación para desviar los recursos, porque las proveedoras cobraron y dispersaron el dinero y no devolvieron la materia prima.
“Edgar Alejandro Armenta Peralta, en su carácter de representante legal de Grupo Vicente Suárez 73, también tiene funciones de dirección dentro del grupo criminal, ya que fue la persona encargada de celebrar y firmar todos los convenios generales de colaboración, así como las actas finiquito con las que se obtuvo ilícitamente los recursos pertenecientes a Liconsa y Diconsa”, dice el escrito de acusación.
La presunción de que Armenta es un prestanombres, se basa principalmente en el testimonio de Ricardo José Lambretón López Ostolaza, un empresario que admitió ser cómplice de Alejandro Puente y que luego consiguió convertirse en testigo colaborador de la FGR.
Lambretón afirmó ante un juez que Puente pagó sobornos de 6.7 millones de pesos a Gavira Segreste, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, para que asignara contratos a Grupo Vicente Suárez 73, con la que en el papel el empresario no tenía ningún vínculo.
Lambretón incluso dijo que él mismo llevó el dinero en efectivo de esos sobornos a la casa de Gavira Segreste, por instrucciones de Puente.
Un hecho verificable es que el 11 de noviembre de 2014, Alejandro Puente y Raymundo Miravete Melo constituyeron la constructora Grupo Vicente Suárez 73 ante el Notario Público 16 de la Ciudad de México.
Pero el 3 de diciembre de 2018 ambos vendieron sus acciones a Armenta y Alejandra Escamilla Yesaki, quienes le cambiaron su objeto para convertir la empresa en proveedora de lácteos.
A nombre de la empresa, Armenta celebró y firmó todos los convenios generales de colaboración y las actas finiquito con las que supuestamente Segalmex fue desfalcado.
“Es dable concluir que dichas morales fungieron como empresas fachadas, mismas que fueron modificadas ex profeso para la simulación de contratos con las paraestatales, con la finalidad de obtener recursos de manera ilícita y posteriormente dispersarlos mediante una serie de operaciones dentro del sistema financiero”, dice el escrito la acusación contra Armenta.