La victoria inesperadamente desigual del partido gobernante de México tiene a los inversionistas preocupados de que pueda usar su mandato para dejar de lado algunos de los controles al poder presidencial, que durante mucho tiempo han sido una fuente de consuelo para la comunidad empresarial.
La posibilidad de que el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, pueda impulsar algunos de esos cambios durante su último mes en el cargo en septiembre, tiene a algunos inversionistas especialmente nerviosos.
Ese período se superpondrá con una nueva legislatura en la que su partido gobernante, Morena, probablemente disfrutará de una supermayoría que le daría el poder para impulsar profundas reformas constitucionales.
Algunos analistas mantienen la esperanza de que la sucesora ungida de López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que prestará juramento el 1 de octubre, pueda adoptar un enfoque más gradual, pero ni siquiera eso es un hecho. Principalmente ha profesado su lealtad a las políticas de su carismático mentor.
López Obrador propuso una serie de cambios constitucionales en febrero que reestructurarían drásticamente el Poder Judicial de México, eliminarían o neutralizarían algunas agencias reguladoras clave e introducirían algunos beneficios sociales nuevos y costosos, incluido un plan de pensiones estatal ampliado.
Aunque ninguna de las medidas es bien recibida por los inversionistas, lo que pone particularmente nerviosos a algunos observadores son los cambios propuestos al sistema judicial de México -que incluirían la elección popular de jueces de la Corte Suprema- más la eliminación de órganos de supervisión claves.
“Lo que menos quiere un inversionista, y piensa más en un inversionista que viene a poner una planta de miles de millones de dólares en México, lo que menos quiere es que de pronto le cambien las reglas”, dijo Esteban Polidura, director de estrategia de inversión para las Américas de Julius Baer, basado en Suiza.
“Por eso es que hay una sensibilidad muy alta a que exista ese Estado de derecho, a que las reglas se respeten, a que se respete la independencia de las instituciones que están ahí para tomar decisiones que no están ligadas a ningún gobierno”, agregó.
López Obrador propone reducir el número de magistrados de la Corte Suprema a nueve desde 11 y todos los jueces tendrían que ser reconfirmados en una elección extraordinaria el próximo año.
El plan ha sido criticado como un golpe a un sistema judicial independiente, que ha servido como control de algunas de las políticas más extremas de López Obrador. El mandatario sostiene que el Poder Judicial está secuestrado y al servicio de una minoría.
“Uno de los grandes contrapesos que ha tenido el gobierno han sido los organismos independientes y en particular el Poder Judicial”, dijo Ramsé Gutiérrez, vicepresidente senior y codirector de inversiones de Franklin Templeton.
Sheinbaum dijo a medios locales anoche que cualquier reforma debe ser adecuadamente evaluada y explicada al pueblo mexicano.
Si bien el destino de los controles y contrapesos se perfila como un tema clave para muchos inversionistas, otros también están ansiosos por los planes para impulsar la jubilación y otros beneficios sociales en un momento de preocupaciones ya acentuadas sobre el gasto en el año electoral.
Según la estimación del Gobierno, el déficit fiscal de México finalizará 2024 en un 5.9% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que sería el más alto del país desde la década de 1980.
Si bien puede resultar convincente para López Obrador gastar más en pensiones universales, atención médica y educación, los costos y las restricciones fiscales podrían complicarlo, dijo Aaron Gifford, analista senior de mercados emergentes soberanos de T. Rowe Price.
“Aun así, con el déficit presupuestario donde está, los mercados están preocupados por un deslizamiento fiscal incluso a pesar de la promesa de Sheinbaum de ser fiscalmente responsable”, indicó.
El presupuesto de 2024 “era bastante político en el sentido de que tenía como objetivo proporcionar margen fiscal para que (López Obrador) completara una serie de proyectos favoritos”, señaló Damian Buchet, director de inversiones de Finisterre Capital, con sede en Londres.
“Pero después de eso, Sheinbaum ya ha señalado que, sin ser llamado ajuste fiscal, en realidad volvería a la ortodoxia fiscal”, dijo.
“El gran tema son las reglas del juego, el Estado de derecho, que se puedan seguir las reglas”, declaró Gutiérrez, de Franklin Templeton, señalando que los mercados estaban particularmente nerviosos ante la idea de elegir jueces y magistrados mediante el voto popular.