El Poder Judicial de la Federación (PJF) no será el que ordene aplicar la prueba PISA a estudiantes de quince años.
Una jueza federal negó hoy la suspensión definitiva en el amparo promovido por la asociación civil, Educación con Rumbo, que busca forzar al Gobierno federal a completar los trámites para que México participe en la aplicación de la prueba, prevista para 2025.
Ana Luisa Priego, jueza Décimo Tercera de Distrito en Materia Administrativa, había concedido una suspensión provisional el 7 de mayo, pero esta orden fue impugnada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y revocada trece días después por el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia.
La negativa de suspensión definitiva-cuya revisión por un tribunal colegiado tomará varios meses, no implica que ya terminó el litigio, pues la jueza tendrá que dictar sentencia sobre el fondo de la controversia.
Sin embargo, es previsible que, si la Secretaría de Educación Pública (SEP) completa los trámites para participar en la prueba, después ésta pedirá desechar el amparo por haber quedado sin materia.
Cuando revocó la suspensión provisional, el tribunal colegiado consideró que solo en la sentencia de fondo, una vez tramitado todo el juicio, se puede aclarar si la prueba PISA forma parte de un parámetro de control Constitucional y de derechos humanos que puedan ser protegidos mediante amparo.
“Esto será materia del análisis que se haga de los instrumentos por los que el Estado Mexicano se adhirió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), no podríamos desde ahorita juzgar esta cuestión”, explicó el magistrado David García Sarubbi.
Cuando concedió la suspensión provisional, la jueza solo contaba con las afirmaciones de la asociación civil sobre la supuesta negativa de la Federación para someterse a la prueba, mientras que para la suspensión definitiva, ya contaba con informes rendidos por la SEP y otras autoridades.
Desde el 7 de mayo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sí se va a aplicar la prueba, que mide los conocimientos en comprensión lectora, matemáticas y ciencias de los estudiantes que pasan de educación básica a la media superior.
En 2022, México ocupó el antepenúltimo lugar entre los países evaluados, superando sólo a Costa Rica y Colombia, con 71 puntos por debajo de la media de 478 de todos los integrantes de la OCDE.
Educación con Rumbo acusó el 20 de mayo que la SEP incumplió la suspensión provisional, y si bien presentó un incidente ante la jueza por dicho incumplimiento, este tema perderá relevancia una vez negada la suspensión definitiva.