La empresa Bell-Krom, que incumplió al INE con la entrega de 25 mil 302 chamarras para capacitadores, mostró irregularidades desde el inicio, pero el organismo electoral le permitió continuar.

Fue la más cara y al final sólo entregó mil 606 unidades el 2 de marzo. Además, pese a que estaba prohibido en la licitación, la firma repartió la producción de prendas en ocho pequeños talleres de los que no demostró ser propietaria, mintió sobre el número de máquinas con las que contaba y produjo sólo 25 prendas diarias de las 408 necesarias para cumplir el contrato.

La empresa resultó ser la más costosa, pues cobró 18 millones de pesos, cuando la competidora más barata cotizó en 8 millones.

La chamarra era clave para que los 50 mil capacitadores y supervisores que recorren el País en busca de los funcionarios de casilla para la elección del 2 de junio se identificaran.

Tanto en la convocatoria como en la licitación, se estableció que había una prohibición a la empresa de transferir a terceros los servicios asignados.

Sin embargo, la Dirección de Capacitación reportó que en 25 visitas de supervisión jamás se pudo constatar que los ocho talleres eran propiedad de Bell, incluso, indica en sus informes, los trabajadores desconocían a la empresa.

“El Proveedor no podrá subcontratar parcial o totalmente los servicios solicitados”, estableció el INE en la convocatoria.

Entre las anomalías que se detectaron desde un inicio fueron: el proveedor informó antes de firmar el contrato que contaba con 85 máquinas distribuidas en 5 sitios, pero prometió llegar a las 300, lo que nunca sucedió.

Para cumplir con la entrega el 2 de marzo, la empresa debía producir 408 chamarras diarias en 62 días, pero en ese lapso produjo en promedio 25, pues al final sólo entregó mil 606.

Por ejemplo, en un taller de Villa del Carbón había únicamente 13 máquinas de coser con 10 personas, quienes informaron que en dos días realizaron 237 piezas, pero sólo la parte de la espalda de la chamarra, es decir, ni siquiera se trataba de piezas completas.

La empresa pidió no visitar determinados talleres, avisarle con 48 horas de anticipación y sólo en un horario determinado, ello pese a que el contrato indicaba que podía supervisar en cualquier momento.

Incluso, reclamó al INE el número de funcionarios en las visitas y pidió que fueran sólo tres porque éstas habían sido “invasivas”, lo que generó presión entre los trabajadores y “el taller se reubicó”, así aumentó la sospecha de subcontratación.

Los ocho talleres, los cuales eran modestos y sin logotipos de la empresa, están en el Estado de México, Ciudad de México y Puebla.

Un indicio más de que no cumpliría fue que el 23 de febrero, 7 días antes del plazo, le entregó al INE 4 mil playeras, mientras fabricaba las chamarras.

Aunque ya le habían rescindido el contrato, el 16 de marzo entregó en seis estados 6 mil 764 chamarras, pero 4 mil 261 tenían defectos.