Ciudad de México.- Un tribunal federal ordenó a las Fiscalías de la Ciudad de México y Colima destruir toda la información que obtuvieron del espionaje a los teléfonos celulares de Santiago Taboada y Jorge Romero Herrera, candidato opositor al Gobierno capitalino y coordinador de los diputados panistas, respectivamente.
Por unanimidad, el Primer Tribunal Colegiado Penal de esta ciudad otorgó un amparo a los panistas en el que establece que los datos de su geolocalización en tiempo real, registro y control de sus comunicaciones telefónicas fueron obtenidos ilegalmente por ambas Fiscalías.
De acuerdo con el fallo, la actuación de dichas dependencias violaron sus derechos a la intimidad, vida privada e inviolabilidad de sus comunicaciones, protegidos por el artículo 16 constitucional.
La información que ahora deberán destruir las Fiscalías corresponde a la que obtuvieron mediante 14 oficios enviados a Radiomóvil Dipsa (Telcel) entre el 3 de agosto de 2021 y el 18 de Febrero de 2023.
Los funcionarios capitalinos que enviaron los oficios son César Oliveros Aparicio, Alejandro Ignacio Santa María y José Antonio Onofre Polvo, de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro; y May Gómez Jiménez, fiscal de Delitos de Desaparición Forzada de Personas.
Por la Fiscalía de Colima, la petición fue de José Luis Beltrán Araiza, agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro.
La información de Taboada y Herrera fue entregada con base en el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que faculta de manera excepcional a las Fiscalías para pedir directamente a las empresas concesionarias los datos de la localización y registros de comunicaciones telefónicas.
Esta excepción para obtener registros telefónicos sin orden judicial sólo aplica para casos en los que está en peligro la integridad física o la vida de una persona, se encuentre en riesgo el objeto del delito o se trate de investigaciones de secuestro, extorsión y delincuencia organizada.
De acuerdo con el tribunal, la ilegalidad de las Fiscalías en el caso de los panistas radica en que el mismo artículo establece un plazo de 48 horas para informarle al juez de control sobre la información obtenida de los teléfonos y eso nunca lo hicieron.
El apartado procesal precisa que esta obligación del Ministerio Público es para que el juzgador ratifique o cancele de manera inmediata la continuación de la vigilancia de la ubicación y los registros telefónicos.
El colegiado instruyó no sólo destruir la información de Taboada y Herrera, sino acreditarlo ante un juez federal del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.
Si bien la Fiscalía de Colima ya había informado a la autoridad judicial que destruyó los registros obtenidos, los magistrados del tribunal coincidieron en que no existe una prueba que acredite su dicho, razón por lo que ahora deberá demostrarlo.
En la sesión del pleno, el magistrado Juan José Olvera López cuestionó la manifestación que hizo la Fiscalía de la CDMX de negar sus solicitudes de información a Radio Móvil Dipsa, poniendo en duda la firma de los funcionarios en los oficios girados.
“Se entregó la información (a la FGJCDMX) y no se recurrió esa información diciendo ‘hey, yo no quería esa información, es falso’, bien que se tuvo y hasta ahora que se transparenta esto está tratando de eludir la responsabilidad de los oficios”, dijo Olvera.
“Fiscalía, sí puedes excepcionalmente ir directo (a pedir la información), pero está reglado y lo hiciste fuera de las reglas legales y si no cumpliste con el principio de legalidad en tu actuación, pues entonces es inconstitucional tu forma de haber obtenido esa información”.
En noviembre pasado, The New York Times reveló que la Fiscalía capitalina, entonces a cargo de Ernestina Godoy, espió ilegalmente a políticos como Taboada, Herrera, Higinio Martínez Miranda, Horacio Duarte, Lilly Téllez, Alessandra Rojo de la Vega, Dolores Igareda y Ricardo Amezcua.
La empresa concesionaria confirmó a la justicia federal que sí entregó los registros solicitados por la Fiscalía.