Ciudad de México.- La Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se reunirá este miércoles para trazar la ruta de la discusión de la reforma que busca extinguir los fideicomisos del Poder Judicial y transferir sus recursos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) para que el Gobierno federal pueda disponer de ellos.
El dictamen de la iniciativa presentada por el coordinador de Morena, Ignacio Mier, propone modificaciones a un paquete de siete leyes que le permitirían al Ejecutivo federal hacerse de recursos por alrededor de 15 mil 450 millones de pesos.
El proyecto plantea que únicamente se conserven los fondos y fideicomisos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF), lo que implicaría la extinción de 13 de los 14 instrumentos que actualmente existen en dicho poder y que al segundo semestre de 2023 sumaban, en conjunto, un total de 21 mil 554 millones de pesos.
“Dentro del Poder Judicial de la Federación no podrán existir otros fondos y fideicomisos de los que expresamente prevea la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, establece el dictamen.
La propuesta indica que sólo un fondo se encuentra considerado en la ley. Se trata del Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, constituido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y cuyo patrimonio se integra con recursos diferentes a aquellos que comprende el presupuesto anual del PJF.
Al segundo trimestre de este año, el Fondo contaba con una disponibilidad de cerca de 6 mil 104 millones de pesos, de ahí que los 15 mil 450 millones de pesos restantes tendrían que ser transferidos a la Tesofe para su disposición.
“Esta comisión dictaminadora coincide en la necesidad de respaldar las acciones del Ejecutivo Federal. La intención es despejar la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad a través de la extinción de los 13 fondos y fideicomisos bajo la jurisdicción del Poder Judicial de la Federación”, indica.
De acuerdo con la exposición de motivos, los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial son utilizados, “principalmente para mantener las prestaciones de las y los ministros, consejeros y magistrados durante toda su vida”.
Agrega que el ejercicio de dichos instrumentos ha sido observado por la Auditoría Superior de la Federación, la cual ha sostenido reiteradamente que dichos instrumentos no se apegan a los principios de austeridad y racionalidad, además de que detectó acumulación de recursos públicos, lo que indica que la financiación de las actividades que eran objeto central de su creación, se están realizando con recursos públicos frescos y no con los de los fondos y fideicomisos.
Si bien la opacidad en el manejo de estos instrumentos es el principal argumento para extinguirlos, la propuesta tampoco especifica los rubros o sectores a los que serían destinados sus recursos una vez transferidos a la Tesofe.
El dictamen propone que una vez que sean liquidadas las obligaciones adquirida por estos instrumentos, los recursos remanentes sean enterados a las unidades administrativas que fungen como Tesorería dentro de los órganos que conforman el Poder Judicial, para posteriormente ser enterados a la Tesofe con el objetivo de que puedan integrarse a las disponibilidades del Gobierno federal.
“Los recursos remanentes deberán enterarse a las unidades administrativas que fungen como tesorerías dentro de los órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, esos recursos no permanecerán en esas tesorerías, sino que deberán ser enterados a la Tesorería de la Federación para su mejor uso en beneficio de la Nación”, señala.
El dictamen reconoce que si bien la reforma no afectaría derechos laborales básicos, ya que los recursos para cubrir éstas se encuentran previstos por la ley, sí tendría impacto en prestaciones complementarias de las y los trabajadores.
“En efecto, puede advertirse que los fondos a los que se hace referencia en la iniciativa refieren aspectos como: pensiones complementarias, prestaciones complementarias, prestaciones médicas adicionales, remanentes presupuestales, mantenimiento de casas habitación, apoyos médicos complementarios y apoyo económico extraordinario, etc. Como puede advertirse, se trata de prestaciones adicionales que resultan independientes de los derechos básicos laborales asegurados por ley”, sostiene.
Entre los fideicomisos más cuantiosos que prevén extinguir se encuentran el de Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces Jubilados, que cuenta con recursos por más de 4 mil 722 millones de pesos, el Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal con una disponibilidad de cerca de 4 mil 309 millones.
Asimismo, Pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo con 2 mil 972 millones, y Remanentes presupuestales con mil 386 millones.
Otros instrumentos son el Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España, el Fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, Pensiones complementarias mando superior, Pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces Jubilados y Plan de prestaciones médicas.