Puerto Vallarta fue el municipio que más concentró sentencias, con tres casos contabilizados.
Ciudad de México.- De acuerdo con un análisis realizado por el Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara (UdeG), las regidoras son las funcionarias que viven más violencia política de género.
Dicho grupo realizó un análisis de las 11 sentencias por violencia política en razón de género emitidas en Jalisco de 2018 a 2023 por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco; la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y la Sala Regional Especializada del Tribunal del Poder Judicial de la Federación.
Tras este ejercicio se encontró que 6 de estos casos fueron denunciados por regidoras. Le siguieron las candidatas a un cargo político con 4, y las diputadas con 1.
Aunque las funcionarias y candidatas reportaron múltiples violencias, la principal fue la de divulgar imágenes privadas, mensajes o información con el propósito de desacreditar, denigrar o difamar su capacidad o habilidades para la política.
Le siguieron la falta de participaran en la toma de decisiones, así como las amenazas o intimidación para inducir a la renuncia al cargo o a la candidatura.
Puerto Vallarta fue el municipio que más concentró sentencias, con tres casos contabilizados. Le siguió Tlaquepaque con dos y con una sentencia: Sayula, Zapotlán el Grande, Guadalajara y Tlajomulco.
Los principales agresores fueron medios de comunicación y/o periodistas.
“Desde 2021 hicimos un análisis de la cobertura de los medios de comunicación en 5 regiones distintas, analizamos 13 medios distintos y lo que observamos es que prevalece esta práctica de narrar la candidatura y la práctica (política) de la mujer desde los estereotipos de género”, dijo Yoloxochitl Corona, investigadora e integrante del Observatorio.
Sin embargo, a pesar de los datos, son los propios partidos políticos, en la mayoría de las veces, el primer espacio donde se ejerce violencia política de género, aseguró por su parte Sandra Martínez, investigadora en el Observatorio.
“Se vuelve muy complejo porque para las mujeres es mucho más difícil denunciar una situación al interior de los partidos porque hay consecuencias claras: cortarles su carrera política, mandarlas a una candidatura perdedora, y hay muchas otras formas de coerción para que no denuncien”, dijo.
La académica también recalcó que el número de sentencias no es equivalente a la incidencia con la que ocurre este delito, y que Jalisco son recurrentes los casos.
Mencionó que, según datos que les fueron proporcionados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, durante todo 2021 y hasta julio de 2022 hubo 60 casos, de esos, solo tres obtuvieron una sentencia.
“Ahí hay un vacío, hay que ver qué está pasando. Ni siquiera es el 1 por ciento de un procedimiento que haya terminado en sentencia. Sí creemos que todavía falta observar con más qué está pasando con los procesos de denuncias de las mujeres”, lamentó.