A dos días de la elección del 2 de junio, 33 candidatos han sido asesinados, ni un solo tribunal electoral en México está completo, 352 directores de área y subdirectores del INE han renunciado y a los organismos electorales (Oples) de Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos y Yucatán les falta presupuesto, advirtió el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE), compuesto por varias organizaciones civiles. 

En su cuarto informe, el Acuerdo alertó que los mayores riesgos para la elección son la debilidad del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal (TEPJF) en unos comicios en los que se disputarán 19 mil 746 cargos, entre ellas nueve gubernaturas y el Congreso federal, que podrían terminar en tribunales que están incompletos.

A 11 días de la jornada electoral existían más de mil vacantes en el INE y los Oples, aseguró el ANIE, integrado por organizaciones como la UNAM, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Incide Social y la Coparmex.

“El INE se enfrenta a una crisis interna: en los últimos 10 meses, hemos sido testigos de la renuncia o destitución de un significativo número de empleados. De los 352 puestos de directores de área y subdirectores, el 28 por ciento (99 personas) han dejado el instituto, al igual que el 11 por ciento (64 personas) de las 568 jefaturas de departamento.

“En cuanto a las Juntas Locales y Distritales, han renunciado 280 personas, 76 de ellas a nivel vocalía o jefes de departamento. En suma, entre abril de 2023 y febrero de 2024, un total de 706 personas abandonaron el INE”, afirmó.

El grupo recordó que el INE alertó sobre la insuficiencia presupuestal en Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos y Yucatán.

“La falta de recursos pone en entredicho su capacidad de desarrollar las tareas propias durante la jornada electoral y la etapa de escrutinio y cómputo”, aseguró.

En la presentación del informe, ante consejeros electorales como Claudia Zavala, Martín Faz, Carla Humprey o Jaime Rivera, la coordinadora del estudio, Karolina Gilas, investigadora de la UNAM, acusó que los actos de violencia, incluyendo asesinatos de personas candidatas, siguen presentes y no se han detenido en los días previos a la jornada.

“Hasta el cierre de las campañas se habían registrado 320 eventos violentos, incluyendo 93 asesinatos, de estos 36 asesinatos de personas candidatas. También se ha presentado un número importante de renuncias de candidaturas, particularmente de mujeres, ante presiones y violencia política.

“El propio Instituto Nacional señaló en los últimos días, el día de ayer, que está en riesgo la instalación de por lo menos 104 casillas en ocho entidades por razones de violencia, de inseguridad, de conflictividad social. A esto se suman las amenazas del gremio magisterial de impedir la instalación de más de 400 casillas en el estado de Oaxaca”, indicó.

La violencia, expuso la académica, ha obligado a candidatos a renunciar de manera masiva, según los órganos electorales locales.

En Zacatecas, más de 217 mujeres y más de 100 hombres renunciaron a sus candidaturas al 17 de abril. En Michoacán, se reportaron al menos 190 renuncias de candidaturas. En Puebla, se han presentado 425 solicitudes de sustituciones de candidatos.

En Tamaulipas, hubo más de 33 sustituciones de candidatos, en su mayoría mujeres. En Chiapas, han renunciado más de 400 aspirantes a ayuntamientos o diputaciones, incluyendo a 26 mujeres y, entre ellas, nueve casos específicos de mujeres que declinaron a candidaturas para alcaldías.

Las organizaciones que firmaron el acuerdo en agosto del año pasado para dar seguimiento a la elección señalaron lo complicado que será resolver las impugnaciones que seguramente habrá por ser una elección tan reñida. La gravedad aumenta debido a que los tribunales electorales están incompletos.

“Al cierre de este informe, ni un solo tribunal electoral en México está integrado conforme a lo señalado en la Constitución y las leyes correspondientes. En todos los tribunales estatales y en todas las salas del TEPJF hay vacantes que desde hace años no han sido cubiertas por el Senado”, concluyó el informe.

Existen 49 vacantes de magistraturas y 7 tribunales estatales se encuentran operando con una sola magistratura, en tres de ellos habrá elecciones a las gubernaturas: Tabasco, Ciudad de México y Jalisco.

En el caso de la Sala Superior del TEPJF, la situación es más preocupante, pues es la instancia encargada de llevar a cabo el cómputo final de la elección presidencial y declarar su validez o no, pero el pleno de la Sala Superior está incompleto desde noviembre de 2023, opera con solo 5 de 7 magistraturas.

Otros riesgos que el ANIE advirtió son los gastos de campaña, cuyo origen no se puede determinar y el alto número de impugnaciones.

“La preocupación es que un porcentaje considerable de los puestos a elegir se resuelvan en tribunales y no en las urnas”, indicó.

Las organizaciones exhortaron a los partidos y candidaturas a respetar la legalidad y a comprometerse a respetar los resultados.

También solicitaron a la autoridad prevenir y sancionar la violencia y a los tribunales electorales actuar con imparcialidad. Especialmente, solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador mantener la neutralidad.