El ministro Javier Laynez Potisek hizo un llamado para cuidar que las reformas de amparo no sean regresivas y pidió a distintos sectores analizar los problemas de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia, antes de que los actores políticos reinventen todo el sistema.
Durante la inauguración de la Octava Sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, en Tijuana, Baja California, el ministro destacó que la comunidad jurídica, los usuarios de los servicios de justicia y las organizaciones civiles deben dar sus puntos de vista sobre estos temas.
En este foro, convocado por la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal, Laynez recalcó la importancia del interés legítimo de las personas para promover amparos que benefician a toda la colectividad.
“Por eso, cuidemos mucho las reformas en materia de amparo para que nunca sean regresivas. Esto fue un gran caminar en el orden jurídico para tutelar, efectivamente, estos derechos humanos, y podíamos hablar de muchas cosas”, dijo el ministro.
“Ésta es una enorme oportunidad de poder reflexionar sobre estos temas y decirles a los actores políticos, bueno, esto pensamos nosotros; antes de hacer cualquier reforma o de pensar en reinventar todo el sistema, bueno, éstos son los problemas que la academia, que el foro, que los usuarios, que las ONG ‘s, que, desde luego, los agentes del Ministerio Público, los policías y los jueces, juezas, vemos en los sistemas, en los cuales prestamos nuestros servicios”.
El mes pasado el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley de Amparo, que impide a jueces otorgar amparos con efectos generales y anula su facultad de otorgar suspensiones en casos excepcionales.
El ministro expuso que la actual crisis en seguridad pública e impartición de justicia es el resultado de haber postergado las reformas en esas áreas, durante la transición a un régimen democrático.
Dijo que desde los años 90, hubo reformas trascendentales como las del Poder Judicial de la Federación, la autonomía del Banco de México, el régimen de transparencia, la Ley de Transparencia, los órganos constitucionales autónomos y de diversos organismos que fungieron como contrapesos al poder político y económico.
“Y no se pensó en crear estas nuevas instituciones que prepararan a México para ejercer esas funciones (de seguridad pública y procuración de justicia) en un régimen democrático y plural, es decir, en un régimen donde no hay un control político absoluto en todas las instituciones, y, lógicamente, empezamos tarde, sí hubo cambios trascendentales”, dijo.
“Sin embargo, si nos damos cuenta, siempre fue una asignatura pendiente la seguridad pública, las instituciones policiales, las fiscalías y la justicia local en todo su ámbito, pasaron muchas reformas y muchas fueron trascendentes, pero en estas reformas siempre se fueron postergando cuando, yo estoy seguro que, esos debieron haber sido los primeros cambios constitucionales, legales y operacionales que transformaran y que nos prepararan para evitar lo que hoy nos está sucediendo”.
En este foro participaron más 230 personas personas, entre usuarios de los servicios de justicia, integrantes de la academia y de la sociedad civil de Baja California, Baja California Sur y Sonora, las cuales se distribuyeron en 19 mesas de trabajo.