La participación indebida y sistemática del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral, a pesar de tener en su contra al menos 300 denuncias por violaciones electorales, ha puesto en riesgo la elección del 2 de junio, acusaron organizaciones sociales, empresariales y académicas del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE).
La organización, que integra lo mismo a la UNAM, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Incide Social o Coparmex, presentó su tercer informe del proceso electoral con cinco focos rojos identificados, el primero sobre el involucramiento del presidente en la elección, pero sin dejar de lado la violencia en el proceso electoral que hasta el 29 de marzo había dejado 156 agresiones a aspirantes o a personas relacionadas con la elección, 50 muertos, según sus propias cifras.
“El primer foco rojo que hemos identificado es la injerencia sistemática del presidente, violando con ello la neutralidad y utilizando recursos públicos para favorecer a su partido y sus candidaturas”, afirmó la coordinadora del informe, Karolina Gilas, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y profesora en la UNAM.
“El Tribunal Electoral determinó ya que con sus acciones el presidente infringió la ley en al menos 30 ocasiones, socavando gravemente la imparcialidad de la contienda. La reincidencia del presidente en este tipo de conductas y su rechazo a acatar las decisiones de las autoridades electorales generan un clima de incertidumbre y desconfianza que afecta la legitimidad y la equidad de las elecciones”, agregó durante la presentación realizada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
El reporte de 88 páginas ya en línea en anie.mx indica que se han presentado más de 900 denuncias por falta de equidad de la contienda, y que tan sólo el presidente López Obrador, ha sido denunciado en más de 300 ocasiones por interferir de manera ilícita, y en al menos 30 de ellas se ha confirmado la violación de la ley.
Se añadió que el mandatario federal usa sus conferencias matutinas como plataforma para promover la agenda partidista y que, incluso, publicó un libro que es una pieza de propaganda política basada en información pública, pero con fines de promoción personal.
Los otros cuatro focos rojos son la violación sistemática a la legislación electoral por parte de las coaliciones y sus precandidaturas; las crisis internas y de legitimidad en el arbitraje electoral; los diferentes tipos de violencia que rodean las elecciones, y el uso de los procedimientos sancionadores para limitar el debate público y la libertad de expresión.
Gilas afirmó que según el estudio las coaliciones y las candidaturas transgredieron reiteradamente los límites legales de intercampaña, del 10 de enero al 29 de febrero, y mantuvieron una alta presencia mediática a través de eventos, conferencias de prensa, participación en entrevistas, creación, difusión de podcast o permanencia en redes sociales.
“Esta situación no sólo genera una inequidad en la contienda, sino que además difumina la distinción entre las actividades permitidas durante la intercampaña y aquellas que podrían constituir actos anticipados de campaña”, indicó.
La presidenta de la oficina de Desarrollo Democrático de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Rosa Martha Abascal, dijo que uno de los mayores riesgos es la crisis de inseguridad y violencia actual y que no tiene precedentes.
Según el reporte de laboratorio electoral sobre violencia, hasta el 29 de marzo habían ocurrido 156 agresiones a aspirantes y a personas relacionadas con la elección, 50 asesinatos 26 de ellos eran aspirantes, 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas.
“Se trata de un incremento de más del 200 por ciento respecto al primer reporte preliminar. A esta cifra, por supuesto, hay que sumar el lamentabilísimo asesinato de Gisela Gaytán, candidata (de Morena) a la Alcaldía de Celaya, que fue asesinada en su primer día de campaña. Las amenazas reportadas por los partidos políticos han incrementado considerablemente durante febrero y marzo, lo cual coincide con la conclusión de precampañas y las etapas de registro en la mayoría de las entidades”, dijo.
Abascal explicó que en 2018 hubo 171 incidentes en todo el proceso electoral; en 2021, 178, y en 2023, 575.
“¿Cómo vamos a acabar el 2024? Es un tema. Si comparamos los meses de enero y febrero del 2021, que fue año electoral federal, contra los mismos meses de 2024, los asesinatos se duplicaron”, agregó.
Dijo que 16 entidades concentran la mayor cantidad de estos incidentes, pero destacan Veracruz, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Zacatecas.
“Es increíble la gravedad de lo que estamos viviendo y a veces lo hemos normalizado. Este proceso electoral ya superó la cifra de aspirantes a una candidatura, precandidatos o candidatos asesinados en el proceso del 2018 y nos faltan dos meses”, expresó.
Los organizadores alertaron sobre la violencia no sólo contra los participantes en la elección sino contra todos los posibles electores, también de la falta de nombramientos de funcionarios de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y las quejas contra periodistas y ciudadanos críticos con el argumento de supuestas violaciones a la normativa electoral que han creado un clima de autocensura.
Las 26 organizaciones que se agruparon en octubre pasado y firmaron el acuerdo con el Tribunal Electoral y magistraturas y tribunales electorales locales exhortaron a los funcionarios públicos, en especial al presidente de la República y al Congreso, a respetar la neutralidad.
A los aspirantes, les pidieron conducirse con estricto apego a la legalidad, llamaron al Senado para que realice las designaciones para integrar debidamente la Sala Superior y a las salas regionales, y exhortaron al mismo Tribunal y al INE a fortalecer su autonomía, independencia y cohesión interna.