Chilpancingo, Guerrero.- En una demanda de amparo promovido ante el Juzgado Décimo de Distrito de Chilpancingo, Guerrero, la ex fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón acusó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por presuntamente haberla amenazado de muerte y de privarla de su libertad, luego de resistirse a dejar el cargo.
El expediente 351/2024 del amparo señala que este fue presentado por Valdovinos Salmerón el paso 16 de marzo, dos días después de que la mandataria estatal dio a conocer su remoción en el puesto.
La ex fiscal Sandra Luz Valdovinos dejó el cargo al igual que el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el de Seguridad Pública, Rolando Solano, derivado de las protestas realizadas por normalistas de Ayotzinapa a raíz del asesinato de su compañero Yanqui Khotan Gómez, a manos de policías estatales del grupo Centauro.
“La orden verbal a terceros para privarme de la vida, por no dejar el cargo de fiscal general del Estado de Guerrero; la orden verbal a terceros para atacar y afectar mi libertad personal fuera de todo procedimiento judicial por no dejar el cargo de fiscal”, dice uno de los extractos de la demanda de amparo contra Salgado Pineda y otros funcionarios estatales, entre ellos el de Seguridad Pública.
El 14 de marzo, después de que la gobernadora informara en sus redes sociales que le había notificado a la fiscal su remoción al cargo, Sandra Luz Valdovinos le respondió que no estaba siguiendo los procedimientos legales para destituirla, ya que no se le respetó su garantía de audiencia.
El 19 de marzo el juzgado declaró una suspensión para que no hubiera represalias contra la ex fiscal, pero consideró legal su remoción bajo el argumento de que el titular del Poder Ejecutivo estatal tiene las facultades legales para hacerlo en base al artículo 142 de la Constitución General del Estado.
Sin embargo, el pasado 22 de marzo, la ex fiscal presentó una ampliación de demanda de amparo en la que entregó nuevos argumentos y reclamos contra la mandataria y otras autoridades estatales.
En mayo próximo, el juzgado citó una audiencia en la que habrá una resolución de fondo del asunto.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal promovió un recurso contra la suspensión del acto reclamado que le otorgó el juzgado a la ex fiscal.
Autoridades del gobierno estatal aseguraron que no hubo ni hay amenazas contra la ex fiscal y que sus acusaciones en contra de la gobernadora no están acreditadas.
El gobierno de Guerrero prevé que el juicio procesal duré más de un año debido a que, probablemente, la ex fiscal acudirá ante la segunda instancia judicial en caso de que la resolución del juzgado le sea desfavorable.