Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pretende revivir el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero en la Caja Libertad.
Pablo Gómez, titular de la UIF, presentó un amparo directo contra la sentencia absolutoria en favor de José Antonio Rico Rico, ex presidente del Consejo de Administración de la sofom, un fallo que también sirvió de base para cancelar el mismo proceso al abogado Juan Collado.
El Quinto Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda del funcionario y en breve será turnado a un magistrado para que elabore el proyecto de sentencia que, en su momento, será llevado a votación.
“Se admite la demanda de amparo de que se trata, promovida por Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (ofendida), contra los actos reclamados al citado Tribunal Colegiado de Apelación y otras autoridades, consistente en la sentencia definitiva de 28 de diciembre de 2023”, dice el acuerdo publicado en listas.
El fallo que Pablo Gómez pretende revertir es la sentencia dictada en los últimos días del año pasado, en la que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México revocó la condena de 15 años con 6 meses de prisión y dejó en libertad a José Antonio Rico.
Dicho tribunal llegó a la conclusión de que no se acreditaron al ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El argumento esencial de esta resolución consiste en que, si la Fiscalía General de la República no acreditó que fuera ilícito el dinero implicado en este asunto, no podía existir el delito de lavado y, por consecuencia, tampoco la delincuencia organizada.
Esta sentencia de apelación no sólo tuvo como consecuencia que Rico abandonara el Reclusorio Norte, sino que también el proceso fuera cancelado a Collado el 31 de enero pasado y a José Antonio Vargas Hernández, el 16 de febrero.
La FGR acusó a Collado, Rico y Vargas de constituir un grupo delincuencial que presuntamente simuló la compra del edificio sede de la Caja Libertad en Querétaro, por 156 millones de pesos, en una operación registrada el 25 de marzo de 2015.
Vargas fungió como vendedor mediante un poder para actos de dominio y administración que le otorgó José de Jesús Alberto Cárdenas Rico, accionista de Operadora de Inmuebles del Centro.