Monterrey, México.- Al menos 7 mil empleados de organismos autónomos de Nuevo León resultarían afectados hoy al no recibir su pago de nómina por parte de la Tesorería del Estado, presuntamente como parte de la pugna entre el Gobernador Samuel García y el PRIAN por la designación del Interino que cubrirá la licencia de seis meses del emecista.
Los afectados, explicaron fuentes, serían unos 3 mil 600 empleados de la Fiscalía General del Estado; 2 mil 500, del Poder Judicial; 400, del Congreso local; 200, de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información; 200, de la Auditoría Superior del Estado, y unos 100, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En el pasado, el Estado ha acusado que estos organismos tienen relación o están controlados por miembros del PRI y del PAN, con quienes el Gobernador mantiene una lucha desde hace meses que se ha intensificado ante la próxima salida de García para buscar la candidatura de MC a la Presidencia.
Hasta anoche no se había desglosado el total en dinero no depositado por la Tesorería, a cargo de Carlos Garza.
En el pago que hoy deberían recibir los 7 mil afectados, además del salario, se incluiría el Bono del Servidor Público como adelanto a los burócratas para que cuenten con recursos para el Buen Fin.
Fuentes estatales, de sindicatos, del Poder Judicial, del Congreso y de la Fiscalía confirmaron anoche por separado la falta de pago.
Informantes del Poder Judicial explicaron que la transferencia de fondos debió registrarse desde el lunes, pero hasta anoche no había ocurrido.
“Efectivamente, al corte de las 22:00 horas, la Secretaría de Administración me confirma que no ha sido depositada la partida para la nómina denominada ‘ministración quincenal’, que es el recurso etiquetado para el pago de sueldos”, explicó una fuente consultada.
Otros informantes aseguraron que esta medida se dio por instrucciones del Gobernador, como parte de la presión que ejerce el Estado contra el Congreso e integrantes del PRIAN.
El proceso de pago, explicaron las fuentes, inicia con el depósito de salarios de la Tesorería estatal a los entes de Gobierno.
Después, las Tesorerías de cada ente realizan las “corridas de nómina” para dispersar los recursos a los empleados de acuerdo con las modalidades de pago establecidas en su caso.
Sin embargo, hasta anoche no se había efectuado pago alguno en los seis organismos mencionados.
“En un acto sin precedentes en la historia moderna”, criticaron anoche en un comunicado los organismos afectados.
“El Gobierno del Estado de Nuevo León, por instrucciones del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, no ha cumplido a la fecha con el depósito de los recursos correspondientes para el pago de la nómina de los más de 7 mil empleados del H. Congreso del Estado, la Fiscalía General de Justicia, el Poder Judicial, la Auditoría Superior, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Lamentamos profundamente que por presiones políticas se afecte a las miles de familias de los trabajadores que honradamente laboran diariamente en beneficio de los ciudadanos de Nuevo León”, agregaron.
“Exigimos al Ejecutivo del Estado que cumpla con el depósito correspondiente conforme a lo que marca la Ley”, señalaron, “o, de lo contrario, nos veremos obligados a llevar a cabo un paro indefinido de labores y realizar otras acciones que afectarían a los ciudadanos de Nuevo León”.
Anoche se buscó al Tesorero estatal para solicitarle una versión sobre lo ocurrido, pero no fue localizado.
Aunque García registró el domingo su precandidatura a la Presidencia en Movimiento Ciudadano, continúa en el cargo hasta el 1 de diciembre, cuando entre en vigor su licencia, del 2 de diciembre al 2 de junio del 2024, día de la elección.
García podría dejar como encargado del despacho a Javier Navarro, Secretario General de Gobierno, del 20 de noviembre -cuando arranca su precampaña- y hasta el inicio de su licencia.
Sin embargo, pretende también dejarlo en el cargo después del 2 de diciembre, que es la parte medular de su conflicto actual con el Congreso, al que le toca designar al Gobernador Interino para cubrir su licencia por seis meses.