Ciudad de México.- El Gobierno federal amplió hasta el 31 de diciembre de este año el plazo para regularizar los autos de procedencia extranjera conocidos como “chocolate”.

“Dada la buena aceptación del programa, así como los recursos económicos obtenidos para la mejora de vialidades de los municipios de las entidades federativas participantes, continúa la demanda de personas que solicitan la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.

“El señor Presidente López Obrador nos instruyó ampliar el plazo del Programa de Regularización de Vehículos Usados provenientes del extranjero hasta el próximo 31 de diciembre”, anunció Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad federal.

En conferencia, la funcionaria informó que se han regularizado un millón 803 mil vehículos de procedencia extranjera en todo México.

Con ello, señaló, el Gobierno ha recaudado más de 4 mil 500 millones de pesos que se han utilizado en la pavimentación de calles.

“A la fecha, se han logrado regularizar un millón 803 mil 058 vehículos, es decir, se otorgó certeza jurídica y protección al patrimonio de miles de familias, y se contribuyó a la seguridad pública mediante su incorporación al Registro Público Vehicular, al Repuve, lo que nos permite saber los nombres de los propietarios y, por tanto, sacar a las unidades del anonimato, para evitar que sean ocupadas para cometer ilícitos”, indicó.

“Además, esta medida ha permitido la recaudación de más de 4 mil 507 millones de pesos; recursos que se emplean en la pavimentación de las calles de las entidades federativas participantes. De esta forma se contribuye a contar con caminos y vías en condiciones óptimas, lo que reduce tiempos de traslado y permite el desplazamiento de peatones y automovilistas de forma sencilla y rápida. Además, un millón 478 mil 800, es decir, el 82% de los vehículos regularizados han sido emplacados con este programa”, agregó.

El programa de regularización se aplica en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Con dicho programa se busca otorgar certeza jurídica, proteger el patrimonio familiar, garantizar la seguridad pública y evitar la comisión de delitos.