Durante este año la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ha recibido mil 79 quejas contra ayuntamientos, de las cuales 419 ya son demandas, en su mayoría por despidos injustificados, presentadas principalmente contra Toluca, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli.
Miguel Ángel Terrón Mendoza, procurador de la Defensa del Trabajo explicó que para los gobiernos municipales el tema impacta sus finanzas, pues algunos tienen laudos por mil millones de pesos en conjunto, y para resolverlos se requiere voluntad, pero también recursos; ya que el 96% son fallos a favor de los trabajadores.
“Los municipios se están arriesgando a perder y tienen en un juicio que demostrar que no eran trabajadores, que no eran de confianza según al abogado y lo que pagan depende del tiempo que llevaban laborando”, apuntó.
Refirió que de manera general de las más de 34 mil asesorías recibidas, el 48% son por despidos injustificados, cerca del 92% del sector privado y el resto del sector público como: municipios, órganos descentralizados y dependencias del sector central del Gobierno.
Advirtió que ante el término de los actuales trienios, en ocasiones eso trae consigo una limpia de personal y se espera que el número de despidos pueda ser mayor el año que entra, a partir del mes de enero.
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“Es el término natural, estamos en los mismos porcentajes y a partir de enero esperamos un incremento en este asunto. Actualmente llevamos 33 mil 500 quejas, al año pasado cerramos en 35 mil 718 y vamos a llegar a cerca de los 40 mil, a pesar de la pandemia”, explicó.
Terrón Mendoza añadió que las principales causas de las quejas son por despido injustificado, seguido de finiquitos y designación de beneficiarios. Por la densidad poblacional hay más quejas en Tlalnepantla, Naucalpan, Toluca, Cuautitlán Izcalli y Metepec.
Mientras este año suman mil 79 asesorías contra ayuntamientos y 419 demandas en su mayoría hacia Toluca, Tlalnepantla e Izcalli; en el 2020 fueron mil 5 asesorías y 316 demandas, sobre todo a Toluca, Cuautitlán Izcalli y Ecatepec.
“Obviamente tiene que ver mucho la cuestión poblacional, la cantidad de trabajadores que cada uno de ellos tiene, y en ocasiones que no se atienden como debían ser los asuntos; es normal en el último año de gobierno y va a ser peor en el año que entra por la llegada de nuevos gobiernos”.
Explicó que la reforma laboral que creó el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México obliga a que en 45 días se atiendan los asuntos, se analice un posible arreglo, y hasta el momento el centro ha recaudado alrededor de 600 millones de pesos.
Sino se arregla en esos 45 días se emite una constancia de no conciliación, se van a los juzgados del Poder Judicial, donde se llevan más de 6 mil 500 asuntos laborales, de los cuales la procuraduría tutela casi mil: el 16%.
El procurador de la Defensa del Trabajo alertó que las demandas y no atenderlas en los ayuntamientos afectan las finanzas municipales. Recordó que cuando compran un “boleto político” y ganan adquieren todo: deuda, pasivos, pero alertó que a muchos ya no les alcanza para conciliar, pues los actuales gobiernos están por irse.
Por ello, llamó a que en el par de meses que aún tienen puedan conciliar y dejen como recibieron la administración.
Con la anterior normatividad, explicó, un juicio podía tardar tres, cinco y hasta diez años, si se promovían amparos, pero con la nueva reforma, algunos se solucionan en seis meses y otros en menos de 45 días.