Aunque la iniciativa de la Ley de Amnistía para el Estado de México estaba programada en la sesión deliberante de este martes, el tema se siguió discutiendo en comisiones.
En este sentido, el diputado Max Correa, uno de los proponentes de la Ley de Amnistía para el Estado de México, explicó que el proyecto que se ha logrado integrar de las cuatro iniciativas presentadas, va encaminada a beneficiar a quienes, por falta de recursos económicos no han podido tener una buena defensa.
El legislador explicó que el Congreso de la Unión le dio a la facultad a los locales de legislar en esta materia y por ello el proyecto es acorde a lo estipulado a nivel federal.
Dijo que en el proyecto se contempla la justicia y la inserción social pues se establecen atribuciones para quienes aplican la ley con la intención de mejorar el tema de la preliberación; también se protegen los derechos de las víctimas pues se garantiza la reparación de los daños y se estipula que la Cámara de Diputados instale una comisión para darle seguimiento a la aplicación de la amnistía.
En este sentido, el diputado local enfatizó que no se va a liberar a quienes hayan cometido delitos que ya están estipulados en la norma federal como lo son delitos contra la vida o integridad corporal, secuestros, entre algunos otros; y que el sector donde aplicará ya se tiene bien definido: indígenas, mujeres, jóvenes.
“La amnistía esta enfocada sobre todo a las personas mas vulnerables, las mas pobres, las que tienen una condición que los ha llevado a estar privados de su libertad por no tener una buena defensa, etc.
El grupo parlamentario del PRI, en voz del diputado Juan Maccise dijo que en los términos del proyecto integrado, se podría incurrir en actos de inconstitucionalidad pues la autoridad que resolverá sobre su procedencia, será el Poder Judicial, sin que antes se haya modificado la Constitución estatal.
Expresa que el órgano administrativo que se crea, tiene funciones que tiene la dirección general de Centro Estatal de Medidas Cautelares; además dice que la Legislatura Local no tiene facultades para legislar en materia de reinserción social.