Ciudad de México.- Un juez federal echó abajo el caso del Viaducto Bicentenario, por el que la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que se causó un daño al erario de 8 mil 403 millones 242 mil 312 pesos.
Daniel Ramírez Peña, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, dictó la no vinculación a proceso a los siete imputados, entre ellos ejecutivos a OHL-Aleatica, y ordenó a la FGR cancelar en forma definitiva esta investigación porque no existen elementos de delito.
Si bien reconoce que no existe una concesión federal para el Viaducto Bicentenario, el juzgador concluyó que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes (SICT) reconoció en un oficio del 29 de junio de 2023 que sí otorgó en 1983 al Gobierno del Estado de México el derecho para explotar el tramo carretero que luego éste concesionó a OHL-Aleatica.
También aceptó que, por el hecho de que ninguna autoridad judicial ha decretado su nulidad, tiene vigencia el convenio que suscribió el 1 de octubre de 2020 la SICT con el Gobierno del Edomex, en el que la primera convalida la legalidad de la concesión de las autoridades estatales a la empresa que construyó la obra vial.
“Hay un título de concesión, hay un convenio que convalida una concesión no autorizada por la autoridad federal, ¿sorprendente? ¡Claro que es sorprendente! Pero no deja de tener alcance jurídico el convenio”, expuso el juez.
“Quizá fueron irregulares, quizá estuvieron confabulados, a lo mejor es cierto, pero yo no puedo decir eso porque debo respetar el principio de pre presunción de inocencia”.
La FGR en buena medida propició este revés judicial debido a que fue la responsable de ofrecer los datos de prueba en las que se basó la no vinculación a proceso. Es decir, fue la Fiscalía la que agregó a la carpeta de investigación tanto el oficio de 2023 como el convenio del año 2020.
Por lo anterior, Ramirez Peña concluyó que no existen datos de prueba para acreditar los delitos de asociación delictuosa y explotación de un bien de la nación en contra de Rubén Gerardo López Barrera, director general de Aleática; José Andrés de Oteyza Fernández y Sergio Hidalgo Monroy Portillo, expresidente del Consejo de Administración y exdirector General de OHL, respectivamente.
Tampoco contra Ernesto Javier Nemer Álvarez y Luis Gilberto Limón Chávez, exsecretarios General de Gobierno y de Movilidad; así como Jorge Joaquín González Bezares, director General de la Junta de Caminos; y Alberto Tomás Angulo Lara, director feneral en Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Sistemas Conexos y Auxiliares, todos del Estado de México.
En el caso de González Bezares, quien también fue imputado por usurpación de funciones, el juez determinó que sea un juez de la Ciudad de México el que resuelva si debe ser procesado únicamente por ese delito, al tratarse de un ilícito del fuero común.
En tanto, la Fiscalía informó que impugnará el fallo ante ese “atropello a la justicia”.
“La #FGR en el caso de la concesión que el Estado de México otorgó a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V. en el año de 2008, que es absolutamente ilegal y nula, iniciará de inmediato todos los recursos legales a que tiene derecho, frente a un nuevo atropello a la justicia y a la defensa de los bienes de la Nación”, indicó.