Hechos de violencia política en razón de género en la Ciudad de México, como los que denunció María Rojo Incháustegui como candidata a la alcaldía de Coyoacán en la pasada elección, seguirán siendo impunes en el plano electoral si el Congreso capitalino no armoniza antes de junio la legislación local con las reformas a diversas normas federales en esa materia publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de abril.
Morena propuso a las coordinaciones de los demás grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) definir una ruta de trabajo para no incurrir en esa omisión ante la inactividad de los trabajos legislativos por la emergencia sanitaria por contagios de SARS-CoV-2.
De ocho normas generales que fueron reformadas en el decreto, la armonización aplica para al menos cinco locales, entre estas el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, que por disposición constitucional, no puede ser modificado 90 días antes de que inicie el año electoral 2020-2021 en septiembre próximo.
Si bien el Congreso dio prioridad a temas de violencia de género como la llamada Ley Olimpia, para sancionar conductas en las que se utilizan medios digitales para violentar a las mujeres, relegó las iniciativas en materia de violencia política que se presentaron desde octubre y noviembre de 2018.
Entre éstas, una de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Paula Soto Maldonado, en la que alude al caso de Rojo Incháustegui en el que las autoridad electoral acreditó actos perpetrados con la intención de intimidar y denostar a la candidata, pero no los consideró suficientes para declarar la nulidad de la elección y planteó en su iniciativa que dicha conducta sea una causal de pérdida de registro de los partidos políticos y sanciones de hasta seis años de cárcel en el Código Penal.
El vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez Díaz de León, explicó que de aprobarse la reforma al Código electoral después del 30 de mayos, no será aplicable para el próximo proceso electoral.
La coordinadora de la bancada, Martha Ávila Ventura, explicó que en la exposición que hizo la senadora Malú Micher en una videoconferencia con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y representantes de los congresos estatales, las reformas a las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; en Materia de Delitos Electorales y de Responsabilidades Administrativas, aplican para que sean armonizadas las normas locales correspondientes a fin de garantizar la participación las mujeres en los procesos electorales y en el desempeño de sus cargos públicos sin violencia.