Ciudad de México.- Cinco asociaciones de impartidores de justicia rechazaron la iniciativa de extinguir varios fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) que en conjunto administran más de 15 mil millones de pesos.
En un posicionamiento conjunto, dichos organismos afirmaron que la aprobación de esta reforma promovida por la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados sería un grave ataque a la independencia judicial y afectaría la subsistencia de los servidores públicos y sus familias.
“Las asociaciones que suscriben externan su más amplio rechazo a la iniciativa de adiciones al articulado transitorio del Decreto que expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y otros ordenamientos, mediante la cual se pretende extinguir diversos fideicomisos institucionales que, en su mayoría, financian recursos necesarios para la infraestructura y la administración de la Justicia federal, así como diversas prestaciones que reciben los miles de empleados que conforman la fuerza de trabajo de dicha institución”, señalaron.
“De ser aprobada dicha reforma se consumaría un grave ataque a la independencia judicial, que redundará en un perjuicio directo a la ciudadanía, pues el derecho a una administración de justicia pronta y especializada se verá inevitablemente afectado, incumpliendo así con la responsabilidad asumida por el Estado Mexicano ante la comunidad internacional. Pero, además, se atentaría contra los derechos laborales de los trabajadores de la Judicatura Federal, poniendo en riesgo la subsistencia de miles de familias mexicanas al afectar prestaciones que constituyen derechos adquiridos con base en las condiciones generales de trabajo”.
Este posicionamiento está suscrito por la Magistrada Rosa Elena González Tirado, presidenta del Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ), y la Magistrada Hortencia María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C.
También por la Magistrada Gloria Avecia Solano, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, A.C.; Rosa Elena Alonzo Méndez, directora del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, A.C.; y Froylán Muñoz Alvarado, director de la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales (JUFED).
En el texto difundido resaltan que quienes trabajan en el PJF tienen prohibido legalmente contar con otra fuente de ingresos, ni siquiera cuando son docentes o exponen su experiencia y conocimientos en el ámbito académico.
“Se debe considerar que la subsistencia de los trabajadores y sus familias depende únicamente de su fiel dedicación a la función jurisdiccional; por tanto, es necesario que se respete su derecho a obtener una remuneración decorosa por el desempeño honesto y responsable de su trabajo, que les permita llevar una vida digna y realizar su función en beneficio de la sociedad con absoluta autonomía e independencia y libre de influencias y presiones externas, pues ello garantiza que las decisiones que emitan sean justas e imparciales”, señala.
Las asociaciones refieren que, si bien la estructura del PJF es perfectible, la efectividad del sistema de justicia federal se legitima a través de las resoluciones que emiten los diversos órganos que lo integran, quienes garantizan el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos ante las determinaciones arbitrarias del Estado.
“De ahí que resulta indispensable el respeto irrestricto a los recursos financieros que ya se encuentran asignados para el ejercicio de tan alta encomienda”, concluyen.
El pasado 5 de octubre, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados formalizó su iniciativa de disponer de 15 mil 450 millones de pesos, que actualmente se encuentran en 13 fideicomisos del PJF, para uso de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda.