Las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la Electoral y de Desarrollo Democrático aprobaron un conjunto de reformas a diversos lineamientos que tienen como objetivo fortalecer los derechos políticos de las mujeres y acabar con la violencia en su contra.

Las diferentes iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), de Morena y del Partido de la Revolución Democrática, buscan que se elimine el lenguaje sexista en la Constitución Política del Estado de México; se replantea la definición de violencia política de género y se extiende la paridad de género al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y al Tribunal Electoral de la entidad, también buscan mejorar la prevención, atención y sanción de la violencia política de género; se establece que no puedan ser candidatos los deudores alimentarios, acosadores sexuales y agresores de mujeres, entre otros aspectos.

La diputada del Partido Acción Nacional, Ingrid Krasopani Schemelensky, aseguró que las reformas de paridad y violencia política son fundamentales para que las mujeres ejerzan sus derechos político-electorales.

“Ambas son reformas fundamentales para avanzar en el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y la construcción de una democracia genérica que hoy más que nunca contribuya a lograr un país solidario, justo e igualitario”, dijo la panista.

Por su parte, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, señaló que el principio de igualdad permitirá que la balanza deje de sostenerse de un solo lado

“Eso nos obliga a que esa misma balanza no imponga, a través de su inclusión, los sesgos de la injusticia que a través de la Ley nos impuso una ideología que muchas veces sobajó, pisoteó y pasó por alto los derechos”,

La diputada Karina Labastida se refiero a las reformas para los requisitos para ser candidatos. “No estar condenada por sentencia ejecutoriada, por el delito de la violencia política contra las mujeres por razón de género, no estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos en el Estado, no estar condenado o condenada por sentencia ejecutoriada por delitos de violencia familiar, libertad sexual o violencia de género”, destacó.