La consejera electoral Dania Ravel denunció ante el INAI al Órgano Interno de Control (OIC) por hacer públicos los datos personales y confidenciales de 119 empleados que hace dos semanas no habían presentado su declaración patrimonial.
En la queja acusa a la Contraloría, cuyo titular es Luis Oswaldo Peralta Rivera, de una “intromisión excesiva y desproporcionada a su vida íntima y esfera jurídica”.
El 18 de mayo, REFORMA publicó que un día antes, los empleados del organismo electoral recibieron un correo electrónico que exhibía a un centenar de empleados, entre ellos 10 consejeros electorales -excepto la presidenta del INE-, por no presentar su declaración, pese a que la fecha límite es 31 de mayo.
Pese a que estaban involucrados, a los consejeros no les envió dicho correo.
En su denuncia, la consejera asegura que la dirección del correo electrónico desde donde se enviaron los mensajes no era de una dirección del Órgano Interno de Control, sino de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), lo que también implica una irregularidad, pues no está entre sus atribuciones.
El argumento de la Contraloría al enviarlo de manera generalizada y no personalizada era pedir la colaboración y apoyo institucional para que “se sumen todas las fuerzas y colaboren activamente” con ella en la supervisión del cumplimiento de esta obligación.
“Si bien es cierto que esta calidad (de funcionario público) implica un mayor escrutinio público al que nos encontramos sujetos permanentemente por la naturaleza de nuestras funciones, no se justifica una intromisión excesiva y desproporcionada a su vida íntima y esfera jurídica, como ocurre en el caso de difundir mi RFC a una serie de personas funcionarias del propio INE a través de un correo electrónico que ni siquiera fue remitido a la persona ahora denunciante, y cuya difusión tuvo una finalidad distinta a la que motivó la entrega de esa información tanto al OIC como a la DEA”, recrimina la consejera en su denuncia.
Argumenta que la difusión de datos personales como lo hizo el OIC no entra en las “excepciones” por las que debería entregar la información.
Por ello, solicita al INE una revisión minuciosa y exhaustiva de las actuaciones llevadas a cabo por los servidores públicos en relación con el tratamiento de datos personales, tanto de la Dirección Ejecutiva de Administración como del Órgano Interno de Control.
“Instruir la adopción de medidas de apremio adecuadas proporcionales en caso de detectarse un uso indebido, excesivo o desproporcionado de los datos personales bajo la responsabilidad de las y los servidores públicos involucrados, con el propósito de salvaguardar los derechos y la privacidad de los titulares de dichos datos, así como para asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente en la materia”, demanda.