Un tribunal federal revocó hoy la suspensión provisional que ordenaba mantener en su cargo en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Agustín Caso Raphael, despedido el pasado 9 de abril por el titular de ese órgano fiscalizador, David Colmenares, al que acusa de proteger al gobierno.
Por unanimidad, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa declaró fundados recursos de queja de la ASF y la Cámara de Diputados que impugnaron la suspensión otorgada el 3 de mayo por Francisco Javier Rebolledo, juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa.
Caso era auditor especial de Desempeño de la ASF, pero entró en conflicto con Colmenares desde 2021, a raíz de una revisión al costo total de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que estimó en 300 mil millones de pesos, lo que provocó fuertes reclamos del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 9 de abril, Colmenares cesó a Caso por “pérdida de la confianza”, y designó en su lugar a Arely Gómez, quien fue contralora del Poder Judicial durante la Presidencia de Arturo Zaldívar, y ha ocupado varios cargos relevantes en los tres Poderes federales.
Rebolledo tenía agendada para hoy la audiencia incidental en la que resolvería si concede la suspensión definitiva, lo que es poco probable ante la decisión del tribunal colegiado, pero de ocurrir, mantendría a Caso en el cargo durante varios meses.
El tribunal colegiado despachó en tres minutos la sesión pública, durante la cual el Magistrado Jorge Antonio Cruz Ramos dio una breve explicación de su proyecto.
“Son fundados ambos recursos de queja, toda vez que en el caso, antes de atender a las figuras de apariencia de buen derecho y peligro en la demora, debe cumplirse con el orden orden público e interés social, lo que en el caso no ocurre, pues el oficio reclamado hace de su conocimiento el cese en sus funciones por pérdida de la confianza en la Auditoría Superior de la Federación”, dijo el Magistrado.
Según Rebolledo, en este asunto existía apariencia de buen derecho porque el oficio de Colmenares no cita el artículo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que le permite cesar a los auditores especiales “por causas graves”.
Luego de su cese en abril, Caso publicó una carta en la que acusó a Colmenares de manipular y censurar las auditorías y sus resultados para no incomodar al gobierno.
“Se ha dejado de procurar o hacer cumplir los principios de separación de poderes, estado de derecho y, con ello, se ha debilitado no solo a la Auditoría, sino a todas las instituciones públicas que dejan de cumplir con su actividad institucional, la cual emana del mandato Constitucional a que están obligados”, sostuvo.