Tras 19 años de haber iniciado el conflicto por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan a cargo de Teya, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, la Suprema Corte de la Nación (SCJN) intervendrá para definir si se han violado los derechos de las comunidades otomís del municipio de Lerma, que han resultado afectadas con la vía.
Mediante un recurso de revisión (69/2019), interpuesto por las comunidades otomís afectadas, la Segunda Sala deberá definir en los próximos meses si se violó el derecho de consulta previa y abierta a las comunidades de San Francisco Xochicuautla, La Concepción, Hutzitzilapan y Santa Cruz Ayotuzco.
Jaime Vargas, integrante del Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla, señaló que la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es a partir del juicio 1117/2015, interpuesto en 2015 cuando se dio el decreto de la expropiación de parte de los terrenos para la autopista por el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Dicho documento expone que se burlaron los derechos de las comunidades sobre libre culto y la integridad cultural.
En aquel entonces el Sistema de Autopistas Aeropuertos Sistemas Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) justificó que se había hecho una consulta pública con autoridades y representantes de las comunidades, pero casi ocho años después (2012) de iniciar la obra vial.
“La consulta nunca fue pública, hubo gente que ni conocemos y que votaron, un rector de una universidad privada y gente del Gobierno del estado que no sabían de las condiciones en que estaban las comunidades”.
El recurso de revisión para verificar las condiciones en que se hizo la consulta pública, fue ingresado el año pasado y quedó registrada bajo el número 69/2019.
Los integrantes del Comité Supremo Indígena esperan que una vez que pase la contingencia sanitaria se le pueda dar resolución al recurso de revisión y los convoquen a una audiencia en la SCJN.
“Tenemos entendido que solo sesionaron para aprobar retomar el caso pero no hay más avances, ojalá cuando acabe la contingencia sanitaria“, agregó Vargas.
Explicó que la consulta se debió realizar en una asamblea en la que estuvieran todas las comunidades afectadas para opinar y decidir, por lo que no aceptan lo hecho por el SAASCAEM.