CDMX.- El verdadero problema de la reforma judicial propuesta por el régimen no radica en el principio del voto popular, si no en la forma en que éste es utilizado para disfrazar un asalto mortal a las Cortes.
La trampa está en tres elementos: el control de las candidaturas, su inmenso número y la creación de un tribunal de disciplina, o más bien, de inquisición judicial.
Bajo el modelo propuesto, cada poder de la Unión crearía un comité que, a su vez, seleccionaría a un conjunto de precandidatos para jueces, Magistrados y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Posteriormente, los precandidatos participarían en una tómbola para hacer una nueva selección. Por último, cada comité remitiría su lista para la aprobación de la Presidenta de la República, la mayoría del Congreso y la mayoría de los Ministros de la SCJN, respectivamente.
Como es evidente, los comités de los Poderes Ejecutivo y Legislativo serían designados por la coalición dominante. En el caso del Poder Judicial, el grupo gobernante también tendría una gran influencia porque el comité debería ser aprobado por al menos ocho Ministros de la SCJN: mayoría que requeriría, cuando menos, del voto de alguno de los Ministros proclives al régimen.
En esencia, cubierto por un enredo de reglas barrocas, el poder del pueblo quedaría reducido a elegir entre los candidatos seleccionados por el grupo dominante. Se trataría, en realidad, de una votación dirigida. Como lo argumentó Norberto Bobbio, si no existen verdaderas alternativas en una elección, no hay democracia.
El engaño continuaría con un número descomunal de candidatos que hace imposible para cualquier ser humano realizar un análisis informado de su voto, usurpando por la vía de la saturación la libre elección. Por ejemplo, tan solo para elegir a los Ministros de la SCJN, cada ciudadano tendríamos que seleccionar a nueve personas dentro de un grupo de 81 candidatos.
El montaje para subyugar a la justicia se cristalizaría con una nueva magistratura del terror integrada por cinco personas electas bajo las reglas antes descritas.
En la práctica, este meta-tribunal, bajo control del grupo gobernante, tendría poderes arbitrarios para sancionar y cesar a los integrantes del Poder Judicial, infiltrando el miedo en cado rincón de los tribunales de la nación.
Los críticos del voto popular han argumentado que elegir a los jueces por este mecanismo los llevaría a perder su imparcialidad porque se convertirían en garantes de los intereses de sus electores, extraviando la venda que los protege del favoritismo. Las minorías, continua el alegato, serían ignoradas por los jueces sin velo, que ahora estarían deslumbrados por el poder de las mayorías para colocarlos en sus puestos.
Sin embargo, estos argumentos han ignorado que es plausible y racional que el interés primario de los electores sea que los jueces se conduzcan con imparcialidad. Por ejemplo, al momento de votar, muchos ciudadanos, posiblemente la mayoría, buscaríamos elegir a las personas que, desde nuestra óptica, pudieran garantizar mejor el ejercicio de una justicia imparcial, pronta y expedita.
Como argumentó Edmund Burke hace 250 años, la labor de los votantes es seleccionar a quien mejor represente el bien común, no el interés particular.
¿O tu cómo votarías?También se ha argumentado que el voto popular podría abrir la puerta a que minorías poderosas como grandes corporaciones económicas, líderes sindicales, dirigentes de partidos políticos, caciques, jerarcas religiosos, medios de comunicación o el crimen organizado, coopten o ejerzan una influencia indebida en los jueces.
Sin duda, esos riesgos existen, pero no son exclusivos del voto popular.La influencia exacerbada de minorías poderosas también está potencialmente presente en otras formas de selección como la cooperación entre poderes o incluso en los servicios civiles de carrera mal diseñados.
Sin embargo, para cada método de elección, también es posible diseñar instituciones que contengan esos vicios.En ese sentido, es perfectamente viable desarrollar sistemas de voto popular para elegir de manera libre y democrática a los miembros del Poder Judicial.
Por todo ello, la ceguera de la Oposición ha consistido en combatir el principio del voto popular y no su parodia. Al morder, una vez más, el anzuelo lanzado por el Presidente de la República, la Oposición, sin darse cuenta, ha desempeñado el papel que el jefe del Ejecutivo le preparó: oponerse con rabia a la participación de los ciudadanos.C
on ello, la Oposición se ha exhibido tal cual es descrita en las mañaneras: reaccionaria, sin imaginación y, sobre todo, anti-democrática y refractaria al pueblo. Todo un banquete para el discurso populista de contraposición entre pueblo y oligarquía.
Si la Oposición dejara de reñir con el principio del voto popular y se concentrara en combatir su falsificación, aunque no tenga los votos, al menos podría cambiar los términos del debate y exhibir el engaño del régimen: invocar al pueblo para dominarlo.
De no hacerlo, la Oposición no únicamente perdería la votación, sino también el debate por la libertad de la República.