CDMX- El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará este domingo su último mitin en el Zócalo.
Acompañado de su gabinete, su familia y de quien será su sucesora en el cargo, Claudia Sheinbaum, el Mandatario rendirá su Sexto Informe de Gobierno.
Con la concentración masiva, “madrugará” al Congreso de la Unión y presentará un balance de su Administración horas antes de que el documento oficial sea entregado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.Aunque el propio tabasqueño adelantó que el acto más grande para el cierre de su sexenio será el 15 de septiembre, con el Grito de Independencia, la asamblea de este día será su última oportunidad para hablarle directamente a sus seguidores en la Plaza de la Constitución, la misma en la que ha protestado, arengado, acampado, llorado, reído y festejado en los últimos 30 años.
Hoy, López Obrador pretende ofrecer un balance sobre los 70 meses que ha durado su Gobierno.
Se prevé que el Mandatario recurra a sus “otros datos” para justificar los resultados en materia de combate a la violencia y la inseguridad; el empoderamiento administrativo y económico de las Fuerzas Armadas; sus obras prioritarias, la intención de crear un sistema de salud como el de Dinamarca, así como el combate a la pobreza y sus programas sociales.También estarán ahí su visión “optimista” sobre el combate a la corrupción, el millonario manejo nacionalista de Pemex y de la CFE, la polémica conducción de la política exterior, la estabilidad económica y la falta de crecimiento que la acompaña.
Se espera un mensaje político sobre la coyuntura que vive el País tras las elecciones del 2 de junio, el triunfo del partido Morena que fundó hace 10 años, la mayoría calificada que consiguió y, con ello, la posibilidad de concretar reformas constitucionales que permitirán, entre otras cosas, someter a los jueces al voto en las urnas.
SON MÁS LOS PENDIENTES
En diciembre de 2018, luego de celebrar con jefes de Estado e hincarse ante representantes de pueblos indígenas, López Obrador dio lectura a un listado de 100 compromisos a cumplir en su sexenio.
En un reciente balance personal, el Mandatario consideró que ha concretado 98 promesas, quedando solo pendiente la descentralización de las secretarías de Estado y la localización de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.
Sin embargo, una revisión al centenar de compromisos permite ver que son más los pendientes que deja el político tabasqueño.
El compromiso 13 establecía hacer realidad el derecho a la salud para garantizar que los mexicanos tuvieran atención médica y medicamentos gratuitos. Sin embargo, la estrategia implementada en el sexenio pareció haber fracasado.
En el 2000, se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, pero solo para extinguirlo tres años después y trasladar sus responsabilidades al IMSS-Bienestar.
Las compras de medicinas pasaron de la Secretaría de Hacienda, a la ONU, al IMSS y finalmente a Birmex, hoy encabezada por un ex mando militar, a cargo de una súperfarmacia y un almacén que promete poner fin al desabasto.
El compromiso del Presidente contemplaba que su Gobierno comenzaría por las unidades médicas del Seguro Social ubicadas en las zonas más pobres del País, para ampliar poco a poco los programas y establecer, “a mediados de sexenio, un sistema de salud de primera como el que existe en Canadá y los países nórdicos”.
A las malas decisiones, justificadas con el combate a la corrupción y la cancelación de contratos a las farmacéuticas favoritas de los gobiernos del PRI y el PAN, se sumó la pandemia de Covid-19, que dejó expuestas las carencias del sistema y más de 300 mil muertes, entre febrero del 2000 y mayo de 2023.
El compromiso 24, para fusionar Diconsa y Liconsa en una sola empresa que permitiera el abasto y la distribución de alimentos de consumo popular, denominada Segalmex, es una de las promesas presidenciales cumplidas, pero también el principal escándalo de corrupción del sexenio.
Hace apenas un mes, el propio Presidente reconoció que el fraude, por alrededor de 9 mil 500 millones de pesos, lo dejó marcado.
“Creamos esta dependencia y por descuido, mala suerte, se corrompieron funcionarios y lo lamento mucho. Están en la cárcel los responsables y no hay impunidad para nadie, pero es la mancha que me llevo”, expresó.
Ignacio Ovalle, el funcionario que estuvo al frente del organismo cuando se registró el desfalco, no solo no fue destituido, sino que quedó arropado en la Secretaría de Gobernación.
Por otro lado, en el compromiso 49 se estableció que la eliminación de gastos innecesarios incluía que solo hubiera una delegación del Gobierno federal en cada estado de la República. Sin embargo, los gastos de esas oficinas tardaron por lo menos cuatro años en desaparecer del Presupuesto de Egresos.
El compromiso 52 señalaba que los contratos del Gobierno se llevarían a cabo con la participación de ciudadanos y observadores de la Organización de las Naciones Unidas.
Más allá de los mecanismos legales de los testigos sociales, la ONU –que ofreció asistencia técnica para el Tren Maya—fue defenestrada por el propio Presidente, al ser calificada como “un florero”, que no cumple con su función y que solo gasta dinero en “burocracia dorada”.
El compromiso 54 sobre la descentralización del Gobierno federal buscaba que 30 secretarías de Estado salieran de la Ciudad de México para instalarse en igual número de entidades del País, con un presupuesto de 150 mil millones de pesos, aplicado en varias etapas: planeación, construcción de espacios y mudanza.
Hasta ahora, solo han mostrado avances las secretarías de Energía, Cultura, Salud y Bienestar, además de algunas Comisiones.
El compromiso 58 planteaba eliminar del Presupuesto las partidas para gestiones de diputados y senadores que permitían el pago de “moches”. Y aunque ese rubro quedó eliminado, las canonjías para los legisladores continuaron con el pago de bonos y abultados aguinaldos.
El compromiso 63 de la lista contemplaba la venta del avión presidencial comprado por Felipe Calderón y estrenado por Enrique Peña Nieto.
El caso del TP01 fue uno de los escándalos que marcaron esta Administración.
La aeronave tardó más de cuatro años en venderse y, mientras se intentó colocar en el mercado, fue “rifada” por la Lotería Nacional e incluso se sugirió rentarla para trasladar a pasajeros de bodas y 15 años.
Finalmente, fue enajenado en abril de 2023 al Gobierno de la República de Tayikistán, un país localizado en Asia central.
Los 92 millones de dólares obtenidos por su venta –58 millones por debajo del avalúo inicial– se destinaron a la construcción de dos clínicas en las zonas más pobres de Guerrero y Oaxaca.
El compromiso 68 fue la construcción del Tren Maya para comunicar, por medio de un transporte rápido y moderno, a turistas y pasajeros nacionales de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En medio de acusaciones por el impacto ambiental, decenas de litigios para tratar de frenar la obra y sobrecostos –por la modificación del proyecto y sus rutas–, al día de hoy el tren no ha quedado terminado y será inaugurado en su totalidad hasta el 15 de septiembre.
Vinculado a esta obra, el compromiso 76 de la lista presidencial establecía que “no se permitiría ningún proyecto económico, productivo turístico que afectara el medio ambiente”, que se evitaría la contaminación del suelo, del agua, del aire y que se protegería la flora y la fauna.
Sin embargo, los activistas que se oponen al tren han denunciado los daños provocados por la construcción, que van desde la tala de árboles y afectaciones a especies endémicas, hasta la contaminación de cuevas y cenotes.
El compromiso 69 fue la creación de un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec, para comunicar el continente asiático con la costa este de Estados Unidos.
Para ello, se prometió la construcción de una vía ferroviaria para contenedores, una carretera y la rehabilitación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.
Al concluir la Administración, quedarán pendientes los polos de desarrollo y, de acuerdo con el mismo Gobierno federal, el proyecto tendrá que seguir subsidiado, porque será rentable hasta el año 2027.
El compromiso 70 consistió en destinar inversión pública para producir más petróleo y gas, para tratar de contrarrestar la reforma energética impulsada por Peña Nieto. La decisión presidencial de rescatar a la empresa ha costado a las finanzas públicas más de 1.3 billones de pesos en capital directo, extensiones fiscales y otros apoyos.
El compromiso 71 contemplaba rehabilitar las seis refinerías existentes y la construcción de una nueva planta en Dos Bocas, con el compromiso de que, en solo tres años, México produciría toda la gasolina que consume.
Además de duplicar su costo, que rebasa los 16 mil millones de dólares, la producción de combustible en la refinería de Paraíso, Tabasco, ha sido puesta en duda.
El Gobierno federal redujo las metas establecidas de manera inicial, que contemplaban una producción de 340 mil barriles diarios. Hoy la planta trabaja a menos del 20 por ciento de su capacidad.
En los compromisos 72 y 73 se planteó el freno al desmantelamiento de la CFE e impulsar el desarrollo de fuentes de energías alternativas y renovables, como la eólica, la solar y la geotérmica.
En los hechos, el Gobierno impulsó una reforma que marginó a las energías limpias, dejándolas hasta el final en la cadena de despacho.
Además, en el último informe presentado en Palacio Nacional, la empresa reportó que el 74 por ciento de los proyectos de generación de energías limpias programados para esta Administración aún no habían sido concluidos.
Aunque en el caso del compromiso 74 se ha cumplido con la prohibición para la importación de transgénicos, el Gobierno no ha logrado erradicar de los cultivos el uso del glifosato, debido a que el Conahcyt no ha cumplido, hasta ahora, con el encargo presidencial de encontrar un producto que pueda sustituirlo.
El compromiso 78 planteó que en tres años quedaría solucionada en definitiva el problema de saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), gracias a la construcción de la nueva terminal en Santa Lucía, en el Estado de México.
La Administración federal no logró su objetivo e incluso tuvo que obligar a las empresas de carga, a través de un decreto presidencial, a trasladarse al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), construido tras la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.
El año pasado, el Gobierno emitió una declaratoria de saturación del AICM y reconoció que las condiciones de operación representaban una amenaza para la seguridad nacional y para la aviación, por lo que estableció un tope de 43 operaciones de despegue y aterrizaje por hora.
Para tratar de cumplir con este compromiso, el Mandatario entregó el control de la terminal a la Secretaría de Marina.
Por otro lado, aunque López Obrador ha sido el Presidente que más ha recorrido el País, en su compromiso 83 aseguró que estaría “cinco días a la semana en los municipios y los estados” para “recoger los sentimientos del pueblo, resolver problemas y evaluar el avance de los programas de desarrollo y bienestar”.
La dinámica que prevaleció durante todo el sexenio fue concentrarse en Palacio Nacional y viajar a los estados los fines de semana.
En el caso del compromiso 85, el Presidente ofreció la creación de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad del país.
Y aunque la SSPC reporta una reducción del 18 por ciento en los homicidios dolosos con respecto a arranque del sexenio, el promedio de asesinatos es de 83 crímenes diarios.
A eso se suma el creciente fenómeno de la extorsión o cobro de piso que, en palabras del propio Gobierno, no se ha logrado erradicar.
En la lectura que realizó en el Zócalo, en diciembre de 2018, el Mandatario no se comprometió a que la Guardia Nacional sería una corporación de carácter civil, pero si lo hizo en la iniciativa que envió al Congreso, aunque después ha impulsado, por todos los medios, que quede bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con el compromiso 88 se planteó la posibilidad de liberar a presos políticos y víctimas de represalias. Hasta ahora, las reformas legales han permitido la excarcelación de sólo 374 personas y el Gobierno ha acusado falta de colaboración del Poder Judicial para avanzar.
Otro de los pendientes y que ha sido reconocido por el Jefe del Ejecutivo es el caso Ayotzinapa.
Plasmado en el compromiso 89, ofreció investigar a fondo la desaparición de los jóvenes para que se conociera la verdad y se castigará a los responsables.
De acuerdo con el testimonio de los padres de los normalistas, durante la primera parte del sexenio, el Gobierno mostró voluntad política para avanzar en las indagatorias.
Sin embargo, denunciaron que, una vez que las pesquisas llegaron hasta el Ejército mexicano, ya no se registraron avances.
El responsable de la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, renunció a su cargo en octubre de 2023.
Esta misma semana, antes de presentar su último Informe de Gobierno, el Presidente advirtió que, de no registrarse un nuevo hallazgo, no volverá a recibir a los padres de los normalistas, que cumplirán 10 años de desaparecidos el próximo 26 de septiembre.
El compromiso 91 de la lista establecía que la Fiscalía General de la República (FGR) contaría con absoluta autonomía y no recibiría consigna del Presidente de la República.
Pero, en varias ocasiones, la “línea” dictada por López Obrador en las mañaneras ha obligado a la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero a pronunciarse y publicar informes sobre casos que aún están en proceso.
En agosto de 2018, cuando recibió su constancia de mayoría en el Tribunal Electoral, en la ahora Jefe del Ejecutivo sostuvo que no se convertiría en “el poder de los poderes”.
Su compromiso 92 contemplaba mantener relaciones respetuosas con el Poder legislativo y el Poder Judicial.
En el primer caso, el sometimiento llegó al extremo de girar instrucciones para que no se cambiara “ni una coma” a las iniciativas de reforma enviadas desde Palacio Nacional.
En el segundo, la relación entre el Presidente y los juzgadores fluyó mientras no se interpusieron en su camino, pero en cuanto se emitieron fallos contra de asuntos claves para su Administración –obras públicas o reformas–, la guerra comenzó.
“No me tienen tan contento”, confesó apenas el 10 de julio en referencia a las decisiones de los ministros de la Corte quienes, a su vez, han acusado al Mandatario de impulsar una reforma para vengarse del Poder Judicial.
Al día de hoy, pareciera inminente la aprobación de los cambios constitucionales que someterán a jueces, magistrados y ministros al voto directo en las urnas.
En la lista de compromisos pendientes también está el número 95.
López Obrador ofreció a mantener una política exterior que se sustentara en la “cautela diplomática”. Sin embargo, al día de hoy, la lista de desencuentros con otras naciones incluye una pausa en la relación bilateral con España, una pausa con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, además de la ruptura con Ecuador y el distanciamiento con Perú y Argentina.
En este mismo apartado, el tabasqueño afirmó que se respetarían los derechos de los migrantes centroamericanos y de todos los países del mundo, pero, tras las amenazas arancelarias lanzadas por Donald Trump, en 2019, México desplegó 30 mil elementos de fuerzas federales en las fronteras norte y sur para contener el tránsito de los viajeros.
El compromiso 96 dice a la letra que la relación con el Gobierno de Estados Unidos sería de respeto, beneficio mutuo y de buena vecindad.
Al cierre del sexenio, las tensiones con el principal socio comercial de México van en aumento, en medio de acusaciones de injerencismo, tras las críticas norteamericanas a la Reforma Judicial.
Aunque en el discurso oficial se atribuye el enfriamiento al debate sobre las reformas constitucionales, la confrontación inició desde el 25 de julio, cuando Estados Unidos consiguió la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, integrantes del Cártel de Sinaloa.
Finalmente, en el compromiso 99, el Presidente se propuso convocar a maestros, antropólogos, psicólogos, sociólogos y representantes de religiones, así como pensadores y “ancianos respetables” para celebrar un Congreso y elaborar una Constitución Moral. En enero de 2019, solo se anunció la creación y difusión de una Cartilla Moral, que fue distribuida por millares en las escuelas públicas.
EL BALANCE
López Obrador llega a su Sexto Informe de Gobierno en guerra con el Poder Judicial, enfrentando tensiones con Estados Unidos, sin solucionar el problema de la violencia y el narcotráfico, con estabilidad económica, pero sin crecimiento; con promesas incumplidas en el sistema de salud y la defensa de los derechos humanos, con escándalos de corrupción sin resolver –que incluyen a integrantes de su familia–, acusaciones por militarizar instituciones y políticas públicas y con asperezas en la relación con la iniciativa privada.
Luego de este Zócalo, se preparará para dar su último Grito de Independencia.
Dedicará el tiempo a sus mañaneras, giras, inauguración de obras y a “levantar banderas blancas” en las clínicas de 23 estados del País.
Como prometió, antes de irse, deberá revelar el contenido del “testamento político” que escribió antes de someterse a un cateterismo cardíaco, en enero de 2022.
Tendrá que preparar la mudanza para su retiro en Palenque y colgar en los pasillos de Palacio Nacional el cuadro al óleo que mandó pintar, en el que aparecerá, como es costumbre, con una plaza llena a sus espaldas.
Andrés Manuel López Obrador celebrará este domingo su último Zócalo, con polarización, con un acumulado de triunfos electorales en la bolsa y a solo 30 días de entregar la banda presidencial.