Myrna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), hizo un llamado para llevar a sede constitucional el derecho humano a una buena administración pública, y expuso las razones en presencia del jurista y máximo promotor de este derecho, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, y del investigador y académico de la UNAM, Miguel Alejandro López Olvera, quienes dictaron conferencias magistrales sobre el tema.
García Morón explicó que la inclusión del derecho humano a la buena administración en el debate constitucional y su conexión con la actuación administrativa es de particular interés para los operadores jurídicos de la jurisdicción administrativa, del sistema anticorrupción del país y del sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos desde un enfoque que ponga en el centro a la persona y su dignidad.
La titular de la Comisión destacó la importancia de recuperar la perspectiva ética del servicio público, para que la actuación de las administraciones se rija bajo las premisas de un gobierno abierto, honesto, transparente, eficaz, eficiente e incluyente, que contribuya al ejercicio del derecho humano a un ambiente libre de corrupción, siempre en favor de la ciudadanía.
“La buena administración pública significa poner énfasis no solo en sancionar hechos de corrupción, sino en establecer las vías para reparar a las y los afectados, además de construir las garantías de que no volverán a repetirse conductas o actos que impacten negativamente en la vida plena de las personas y en el ejercicio de sus derechos”, precisó.
En su disertación, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz afirmó que el derecho humano a la buena administración representa la garantía de un sector público eficiente y la tarea de construir un sistema de personas que respeten el Estado de Derecho desde la centralidad de la dignidad humana es fundamental en la actuación de las administraciones públicas, con el enfoque de los derechos humanos y el ejercicio del derecho a un ambiente libre de corrupción que es prerrogativa de la ciudadanía.
Por su parte, el investigador de la UNAM Miguel Alejandro López Olvera enfatizó que el derecho a una buena administración pública es una prerrogativa transversal que permea a todas las autoridades y que se ejercerá cuando la normatividad incluya las condiciones para transmutar el concepto de administración pública y se aplique a todos las instituciones, cuando se instale en sede constitucional y se incorpore a las leyes, para dar a las administraciones bases para el garantismo y el humanismo, construidas en congruencia con la realidad de las deficiencias y las malas prácticas en los ámbitos federal y local.
En el diálogo, organizado por la CODHEM y la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa A.C., se firmó también la Carta de Intención de Colaboración entre el organismo defensor y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; asimismo, se presentó el número 41 de la Revista Dignitas, editada por el Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos Humanos.
Gracias a esta jornada, la sede de la Casa de la Dignidad y las Libertades fue punto de encuentro y diálogo entre especialistas internacionales del derecho administrativo, magistradas, magistrados, catedráticos, investigadores, investigadoras, defensoras y defensores de derechos humanos, quienes coincidieron en la necesidad inaplazable de incluir en la Constitución el derecho humano a la buena administración pública, como lo afirma la presidenta de la CODHEM, Myrna Araceli García Morón.