PROPAEM, pide cooperación de 10 millones por verificentro para 2019

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Entre los dueños de los verificentros del Estado de México, unos 100 actualmente, crece el malestar porque de cara a la revalidación, actualización, o como se le desee llamar, del permiso de operaciones, resulta que parece que hay algún “listo” en la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), que encabeza Eduardo Gómez, que tiene la más firme intención de alistar una gran maleta de algo así como 200 millones de pesos, quizá como “aguinaldo”, “bono de fin de año” o “garantía” de jubilación, por aquello de lo que se ofrezca.

Hace unas horas se llevó a cabo una reunión informal en la que participaron algunos propietarios de los centros de verificación vehicular, tanto del Valle de Toluca como de la zona metropolitana del Valle de México y zona oriente, y se juntaron precisamente para compartir información acerca de lo que está pasando con la actualización de sus permisos de operación.

Ahí se dijo que “enviados” de la Procuraduría de Protección al Ambiente los han visitado para informarles que tendrán que “participar” con 10 millones de pesos por cada verificentro que desee seguir operando para el año 2019, lo que evidentemente les pareció una locura, un abuso, el cual por cierto consideran que huele a corrupción.

Recordaron en ese marco que la licencia de operación de los verificentros en el Estado de México se renovaba, hasta este 2018, cada cinco años, por lo que por caro que pareciera se trataba de un permiso multianual de actividad que significaba para los empresarios de ese sector una especie de inversión de largo plazo, en la cual se invertía pero también se tenía una garantía dfe negocio de cinco años.

Esto se modificó y ahora resulta que los verificentros tendrán que obtener una licencia de operaciones cada año, y, lo peor del caso es que podría ser mediante una cantidad estratosférica como la ya citada, 10 millones de pesos.

Quienes saben de ese negocio señalan que sí es algo en lo que se recibe constantemente un flujo de capital, dado que hay verificaciones todo el año, ahora dos veces al año de forma obligatoria, por lo que la entrada de dinero sí es significativa, pero de modo alguno como para reunir 10 millones de pesos solamente para validar la licencia.

Los propietarios de los verificentros señalan que en los últimos dos años ellos han tenido que hacer fuertes inversiones para renovar los equipos con los que se lleva a cabo este proceso, pues hay que recordar que la normatividad cambió y también el tipo de verificación que se realiza, sobre todo a los automóviles de modelos recientes, por lo que son millones los que tuvieron que aplicar no solo en la compra de los nuevos equipos, sino en su instalación y hasta en la capacitación del personal técnico que los utiliza todos los días.

Se acuerdo con estimaciones del sector, cada verificentro invirtió entre 15 y 25 millones de pesos para ese proceso de actualización, de acuerdo a la renovación de la norma ambiental que rige sus operaciones, por lo que si ahora se les pretende cobrar 10 millones de pesos solamente por la licencia de operación, pues es evidente que les están “pegando” muy fuerte en sus finanzas.

Algunos incluso externaron en ese lugar que consideran la posibilidad de cerrar sus negocios, porque han dejado de ser precisamente eso: negocio, pues la autoridad presumiblemente los está “apretando” demasiado y si a eso le suman los salarios de sus trabajadores y el pago, por cierto muy alto, que enfrentan en materia de energía eléctrica, los tienen prácticamente “ahorcados”.

Los propietarios de verificentros desconocen el por qué la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México se ha convertido ahora en instancia de “recaudación” vía la revalidación de sus permisos de operación, dado que anteriormente con quién se entendían era directamente con las oficinas de recaudación de la Secretaría de Finanzas de la entidad, donde pagaban sus permisos y listo.

Lo que llama la atención en este asunto es que no solamente sea la Propaem la que anda solicitando ese tipo de pagos, sino que, además, hay diferencia entre unos y otros; es decir, a unos se les pidieron esos 10 millones de pesos, a otros siete y a unos más cinco. Esta situación incomoda porque tampoco saben el por qué a unos una cantidad y a otros otra, si es por zonas geográficas, si el por el número de líneas de verificación que operan o simplemente, pudiera ser que intentan aplicar esa máxima de que “según el sapo, es la pedrada”.

Los empresarios de este sector comentaron que buscarán un acercamiento directamente con el gobernador Alfredo del Mazo Maza, ante quienes piensan exponer esta situación, su problemática y situación empresarial, para que se revise la situación, se homologue el pago, y, sobre todo, se reduzca, porque es un hecho que muy pocos podrán pagar una licencia anual de 10 millones de pesos.

El tufo de la corrupción ataca esta situación, porque existen muchas cosas irregulares en torno al asunto, sobre todo porque los empresarios dudan que el titular del Ejecutivo mexiquense esté enterado de esta situación y quienes lo están haciendo actúen con su autorización.

Es un asunto delicado que obviamente tendrán que verificar las autoridades correspondientes, comenzando por el titular del Medio Ambiente mexiquense, Jorge Rescala Pérez, incluso el propio titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente, Eduardo Gómez, y terminando con el jefe máximo del gobierno mexiquense, quien evidentemente tendrá que corresponder al creciente reclamo de este sector.

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