Con motivo de la demanda de juicio político que hoy anunció Arturo Zaldívar contra Norma Piña, los jueces de distrito y magistrados de circuito advirtieron que se pretende iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta por cumplir con su obligación de atacar la corrupción en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respaldó hoy a Piña y rechazaron las manifestaciones de su antecesor, quien acusó que la investigación en su contra es una estrategia electoral para afectar a Claudia Sheinbaum.
“La JUFED expresa su absoluto respaldo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández; y rechaza cualquier intento de vincular su obligación de someter a investigaciones administrativas denuncias que son de su conocimiento por probables actos irregulares, como una estrategia maquinada para incidir en el proceso electoral y, lo más grave, actuar contra una candidata en específico”, dijo en un posicionamiento público el magistrado Daniel Sánchez Montalvo, director del organismo.
“El juicio político es un instrumento Constitucional para hacer efectivas sanciones a servidores públicos en casos específicos; pero su uso ha sido recurrente para intimidar a las y los juzgadores de manera constante. En ese entendido, resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta, por cumplir con la obligación que los ciudadanos le demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”.
La JUFED dijo que todos los servidores públicos judiciales deben comportarse conforme al Código de Ética del PJF, así como asumir su responsabilidad por acción u omisión, frente a quejas o denuncias que se presenten en su contra.
“No es atípico que se presenten quejas y denuncias en contra de las personas juzgadoras ante el Consejo de la Judicatura Federal, porque alguna de las partes considere que no se actuó conforme a determinados parámetros o porque no resultó ganadora en un proceso”, señaló.
“De hecho, en los últimos años el número de quejas presentadas en contra de personas juzgadoras, por resolver en favor de los Derechos Humanos y en contra de las autoridades federales, se ha incrementado exponencialmente y además mediatizado a tal grado que han puesto en riesgo su integridad y la de sus familias”.
La asociación que preside el magistrado Sánchez Montalvo está integrada por más de mil 300 jueces de distrito y magistrados de circuito en todo el país, lo que la convierte en la mayor asociación de impartidores de justicia federales.