Con la convicción de fortalecer el combate a la corrupción, el Poder Judicial del Estado de México firmó la Carta Compromiso de cumplimiento a la Política Estatal Anticorrupción (PEA), confirmando su liderazgo estatal en la implementación de 35 prioridades de este mecanismo y reafirmando su posición como una de la cinco entidades del país que cuenta con la emisión de este ordenamiento.

Luego de signar este documento, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar señaló que los servidores de la institución deben asumir un compromiso diario con valores como: eficacia, eficiencia, capacitación constante, perseverancia y templanza para combatir actos que van contra las normas.

Exhortó a quienes forman parte de la institución a que “se comprometan fuertemente para que la política anticorrupción, la transparencia y la rendición de cuentas” rijan las actividades que desarrollen cotidianamente. Un mensaje que, de primera fuente, escucharon consejeros de la Judicatura mexiquense, Fabiola Catalina Aparicio Perales, Edna Edith Escalante Ramírez, Luis Gerardo De la Peña Gutiérrez y Pablo Espinosa Márquez, directores y coordinadores de área.

Sodi Cuellar, invitó a los servidores judiciales a denunciar aquellos actos contrarios, no sólo a las leyes, sino a la ética y valores elementales como la transparencia y la honestidad, por lo que debe actuarse en consecuencia, a fin de evitar que estos comportamientos se repitan.

Al exponer los motivos de la firma, la consejera Aparicio Perales señaló que de las 60 prioridades que establece la Política Estatal Anticorrupción, en 35 de ellas el Poder Judicial es líder de implementación, e informó debe establecerse un programa de trabajo para alcanzar su cumplimiento.

El director general de la Contraloría, Gerardo René Gómez Estrada, explicó que la PEA, tiene su origen en el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, que establece principios, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades mexiquenses para prevenir, detectar, denunciar y sancionar hechos de corrupción.

Esta política, explicó, está basada en cinco ejes: Combatir la impunidad, controlar la arbitrariedad, fortalecer las interacciones gobierno sociedad, involucrar a la sociedad y ética pública e integridad.

La directora de Planeación, Claudia Mora Castillo y el director de Responsabilidades, Raúl Alfredo Hernández Ortega presentaron el plan de trabajo para la implementación de la PEA en el Poder Judicial, establecido a mediano y largo plazo, que requerirá la integración de diversas áreas de la institución para implementar acciones de capacitación, difusión, certificación y mejora de prácticas, cuyo objetivo es inhibir actos de corrupción.

También acompañaron al presidente Sodi Cuellar, el director general de Administración, Roberto Cervantes Martínez y el director general de Finanzas y Planeación, Martín Bernal Abarca, así como la secretaria general de Acuerdos, Astrid Lorena Avilez Villena.