El sector productivo del estado de México se negó a hacer la aplicación de pruebas de contagio de COVID-19 a los trabajadores por ser un instrumento demasiado costoso y en el cual no se tiene una regulación efectiva actualmente por parte de las autoridades.

Óscar Moreno, presidente del Congreso Laboral del estado de México aseguró que en el mercado las pruebas no cuestan menos de 800 pesos y pueden llegar hasta los 3000 pesos dependiendo del método que se utiliza para la detección del virus, situación que no puede ser afrontada ni por las empresas ni por los colaboradores, derivado del golpe económico que se enfrenta al momento por la detención de actividades.

El líder sindical indicó que aún cundo se no ha solicitado, como en la Ciudad de México, el aplicar pruebas rápidas al 5 por ciento del personal, está es una situación que no podría ser solventada.

Por su parte el Consejo Coordinador del Estado de México manifestó su rechazo ante la posibilidad de que se les solicite aplicar pruebas de contagio pues indicaron ya hace pago de impuestos y de servicios de salud a través de las cuotas del IMSS, por lo que está es una obligación del Gobierno.

Indicó que al entablar pláticas con la Secretaría de Salud del estado de México se les notificó que los trabajadores que lo requieran tendrán acceso a las puebas de la misma manera que cualquier persona de la población o llamar al 01 800 de atención ante emergencias.